Domingo, 24 de noviembre de 2024
esperemos que se percaten del desatre
Los 27 examinan el lunes la situación del Estado de derecho en España
El formato prevé una media hora de discusión sobre cada uno de los países previstos para el análisis --en este caso: España, Francia, Italia y Croacia--. Cada diálogo se iniciará con una exposición por parte de la Comisión Europea con las principales claves de su informe de 2023 y una presentación de su posición del Estado miembro en cuestión, le seguirán los comentarios de otras delegaciones que pidan la palabra y cerrará el diálogo el país sobre el que gira la discusión, han explicado a Europa Press fuentes europeas.
El debate sobre la salud democrática de cada socio no es excepcional ya que, desde finales de 2020, los 27 programan periódicamente este diálogo para abordar la situación por bloques de cuatro o cinco países. Esta es la segunda ocasión en que España es una de las delegaciones analizadas, tras un primer turno en abril de 2021.
La cita llega, además, en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP aguardan la respuesta del Ejecutivo comunitario respecto a la oferta que ambos lanzaron antes de fin de año para que Bruselas fuera facilitador entre ambos para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La "urgente" renovación del órgano de gobierno de los jueces y la necesidad de emprender "inmediatamente después" una reforma del sistema de elección de los vocales que se alinee con los estándares europeos es una de las claves que Bruselas señala desde hace varios años en su informe sobre Estado de derecho en el caso de España.
La evaluación anual que realizan los servicios comunitarios no señalan riesgos sistémicos para el Estado de derecho en España pero sí recomendaciones como resolver con urgencia el bloqueo del CGPJ, ni tampoco incluyó en su edición de 2023 referencias a la ley de amnistía que el PSOE pactó con ERC y Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez.
Sobre esta norma, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ya ha aclarado en varias ocasiones que examinará con mucha atención la norma, consciente de la "preocupación" que genera en sectores de la sociedad y de la judicatura, pero ha dejado claro que no tomará posición hasta que concluya en España su tramitación parlamentaria.
Columnistas
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