La mayoría de países, entre ellos España, así como la Comisión, han reiterado su oposición a la otra petición de Berlín para reforzar la disciplina fiscal: suspender el derecho de voto en las decisiones europeas a los países que incurran reiteradamente en déficits excesivos. Aún así, han encargado al presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, estudiar la viabilidad de este castigo político, atendiendo a la demanda insistente de la canciller alemana, Angela Merkel.   

Además, Reino Unido y Polonia han bloqueado las negociaciones hasta lograr que el acuerdo final refleje sus peticiones sobre cuestiones que no estaban en la agenda.

Londres ha conseguido el compromiso de los 27 de que el presupuesto de la UE para 2011 y las perspectivas financieras para el periodo 2013-2020 sean austeros como ya ocurre con las cuentas nacionales de los Estados miembros. Y los Veintisiete descontarán el impacto de las reformas de las pensiones en la deuda antes de sancionar a un país por déficit excesivo como reclamaba Polonia.  

  Van Rompuy y el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, presentarán en diciembre un informe sobre cómo hacer permanente el fondo de rescate. Los cambios en el Tratado deberán estar ratificados por todos los Estados miembros a mediados de 2013, justo cuando expira el actual mecanismo temporal, según el compromiso alcanzado por los Veintisiete.

   El presidente permanente del Consejo ha querido dejar claro que los "cambios limitados" se harán siguiendo un procedimiento "rápido" y que "no se trata de abrir" el Tratado de Lisboa ni de tener "un nuevo debate institucional" sino de "responder a una necesidad". "Es el deseo de todo el mundo tener un mecanismo de crisis y para eso hace falta una base constitucional y una base más sólida en el Tratado", ha señalado.  

  Van Rompuy ha eludido, por otro lado, valorar las motivaciones que han llevado a los Jefes de Estado y de Gobierno a ceder a la petición alemana. "Las motivaciones no tienen ninguna importancia", ha dicho.  

  A su juicio, el argumento más importante es que, cuando se pone en marcha un mecanismo de crisis, tiene que resistir constitucionalmente en los Estados miembros. "El mecanismo puede ser tan importante para la supervivencia de la eurozona y de algunos Estados miembros que hace falta adoptar todas las garantías. Es así de simple. Es una buena gestión", ha resumido.  

  Merkel ha logrado así vencer la resistencia del resto de Estados miembros, que recelan de una nueva reforma cuando hace menos de un año que entró en vigor el Tratado de Lisboa, que tardó 10 años en ver la luz y tropezó durante su proceso de ratificación con referendos negativos en sus diferentes versiones en Francia, Países Bajos e Irlanda.   

A la entrada del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, la canciller alemana ha insistido en la necesidad de una "modificación del Tratado" para hacer permanente el fondo de rescate y exigir la participación del sector privado. "Necesitamos un mecanismo, un procedimiento que implique también a los bancos y a los fondos que ganan grandes intereses, para que el contribuyente no cargue con la responsabilidad solo. Y hay que prepararlo para que esté listo en el peor de los casos", ha añadido.   

Por su parte, España no ve "inconveniente" en realizar cambios en el Tratado de Lisboa para consolidar el mecanismo de 750.000 millones de euros. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "comprende" las razones derivadas de la Constitución alemana que esgrime Berlín para reformar el Tratado y mantiene una postura "abierta", según fuentes de Moncloa.   

Lo más probable es que, como se interpreta que el mecanismo no supone una cesión de poderes de los Estados miembros a Bruselas, los cambios del Tratado se tramiten mediante un procedimiento simplificado que no requiere una Convención previa, como quiere el Parlamento, sino únicamente una decisión del Consejo Europeo por unanimidad. Esta reforma no exigiría probablemente referéndum en Irlanda sino únicamente ratificación parlamentaria.  

  Para emprender esta vía, es necesario contar con el consentimiento de la Eurocámara. Su presidente, Jerzy Buzek, ha pedido "cautela" y ha reclamado que el Parlamento esté presente en las negociaciones.

NO A LA SUSPENSIÓN DEL VOTO  

  Aunque Van Rompuy estudiará también la posibilidad de suspender el derecho de voto a los infractores, esta idea tiene pocas posibilidades de prosperar porque la práctica totalidad de los Estados miembros, entre ellos España, la rechaza, y además exigiría una reforma de más calado del Tratado.

   "Si el cambio del Tratado es para reducir el derecho de voto de los Estados miembros me parece inaceptable. Y no es realista, es incompatible con la idea de un cambio del Tratado limitado y nunca será aceptado por unanimidad", ha insistido el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso.   

También el primer ministro sueco ha rechazado esta iniciativa por considerar que "sólo crearía problemas más profundos para muchos países" y "llevaría mucho más tiempo del que tenemos".   

Los líderes europeos han ratificado el acuerdo alcanzado la semana pasada por los ministros de Economía de la UE sobre el nuevo sistema de sanciones para los países con déficits y desequilibrios excesivos, que suaviza las propuestas originales de la Comisión, pese a que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, partidario de posiciones más duras, se ha negado a suscribirlas.

   Los jefes de Estado y de Gobierno quieren que las propuestas legislativas para llevar las nuevas sanciones a la práctica se aprueben como muy tarde en verano de 2011.