También habrá multas para los países con problemas de competitividad, a las que inicialmente se oponía España. Pero la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha destacado que estas nuevas sanciones sólo se aplicarán a los países que "de manera repetida" no hagan caso de las recomendaciones del Consejo.

"España está haciendo caso de las recomendaciones del Consejo y por tanto esta es la posición que más nos favorece", se ha felicitado.  

  Además, las multas para los países con desequilibrios excesivos, como burbujas inmobiliarias, sólo podrán decidirse al máximo nivel de jefes de Estado y de Gobierno de la UE. "Yo creo que hemos conseguido nuestros objetivos", ha insistido la vicepresidenta económica, que ha destacado además que de momento no se suspenderá el derecho de voto de los incumplidores ni se les congelarán los fondos estructurales.  

  El acuerdo a Veintisiete ha sido posible gracias al pacto alcanzado entre Alemania y Francia. Berlín, que defendía un mayor rigor para evitar nuevas crisis de deuda en la eurozona, se ha acabado sumando a las tesis de París, Madrid y Roma, partidarias de una mayor flexibilidad.   

A cambio, la canciller Angela Merkel ha obtenido el apoyo del presidente francés, Nicolas Sarkozy, para reformar el Tratado con el objetivo de crear un fondo de rescate que prevea las quiebras controladas de países y de poder retirar el derecho a voto en los Consejos de ministros de la UE a los países incumplidores.   

Las nuevas sanciones acordadas este lunes podrán lanzarse incluso antes de que se supere el umbral del 3% de déficit público previsto en el Pacto de Estabilidad si un país no realiza los ajustes necesarios para llegar al equilibrio presupuestario. En ese caso, el pacto entre París y Berlín prevé obligar a bloquear un depósito generador de intereses. Pero la decisión final sobre estos castigos preventivos no será automática, como quería Bruselas, sino que el Ecofin tendrá derecho de veto.   

Las multas sólo serán automáticas en la fase correctiva, cuando un Estado sobrepase el umbral del 3%. No obstante, en este caso se dará al Gobierno en cuestión un plazo final de 6 meses para corregir la situación. Transcurrido este plazo, la propuesta de sanciones presentada por Bruselas se considerará adoptada a menos que el Consejo la rechace por mayoría cualificada.

   El acuerdo de los ministros de Economía no concreta la cuantía de las multas sino que las deja a una negociación posterior. El Ejecutivo comunitario había propuesto una multa del 0,2% del PIB (2.000 millones de euros en el caso de España) para los países con déficit excesivo y del 0,1% del PIB para los países con deuda excesiva.   

Además, un país que no supere el umbral del 3% de déficit pero que tenga una deuda por encima del 60% podrá ser objeto de un expediente por déficit excesivo si no ha logrado rebajarla en un determinado porcentaje durante los tres últimos años. Pero el acuerdo tampoco fija el porcentaje de recorte y lo deja a un acuerdo posterior por las reticencias de países con alta deuda como Italia y Bélgica.

   El acuerdo de los ministros de Economía de la UE, cuyos detalles se conocerán en los próximos días, debe ser ratificado por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que se celebrará en Bruselas los días 28 y 29 de octubre.