El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha propuesto una tarifa plana para que todos los agricultores europeos reciban el mismo nivel de apoyo de las arcas comunitarias y los jefes de Estado y de Gobierno de la UE confirmaron en su última cumbre la idea de una "convergencia externa", esto es, entre  países, de las ayudas. 

  Sin embargo, la distribución dentro de cada país está por definir y la fórmula deben negociarla los Veintisiete, entre los que hay países que, como España, ven con reservas esta propuesta y abogan por un sistema que "no distorsione las decisiones de los agricultores", según explican fuentes diplomáticas.  

Obligar a una "convergencia interna" de los subsidios es una opción que para España resulta "muy radical" porque no tiene en cuenta la diversidad del campo español, añaden las fuentes, por lo que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, defenderá que el agricultor mantenga "en lo posible" sus ayudas, frente a una posible tasa plana. 

  Los líderes europeos pactaron este febrero unos presupuestos europeos para el periodo 2014-2020 que supondrán una bajada del 13 % del gasto agrícola con respecto al ejercicio anterior, dejando la dotación de la PAC en 362.940 millones de euro. España recibirá 35.705 millones de euros en ayudas directas e instrumentos de mercado, frente a los 35.414 millones del anterior; y contará con 8.291 millones para desarrolla rural, según datos del Gobierno. 

  El ministro de Agricultura irlandés, Simon Coveney, cuyo país ocupa este semestre la presidencia de turno de la UE, ha advertido de que la distribución interna es un tema "difícil y complejo", pero ha confiado en que sea posible el consenso entre los socios europeos porque sería un "paso enorme" en las negociaciones". Irlanda sostiene que si la Eurocámara y el Consejo comienzan los contactos formales en marzo, será posible un acuerdo político sobre el conjunto de la reforma en junio.

   Otra de las claves de la agenda del lunes y que preocupa a España son los criterios para definir la superficie elegible, porque teme que se incremente notablemente el número de hectáreas aptas para los subsidios y que el peso de los fondos de que disponga quede, por tanto, diluido.

CARNE DE CABALLO 

  La última crisis en el mercado alimentario por el fraude de las hamburguesas, lasañas y otros preparados a base de carne de caballo pero etiquetados como vacuno para su comercialización también estará este lunes en el orden del día de los ministros.

   Los Veintisiete repasarán las últimas noticias del caso, aunque no se esperan decisiones, puesto que los países ya pactaron días atrás realizar pruebas de ADN en todos los Estados miembros y también rastrear la presencia de un analgésico de uso animal llamado fenilbutazona.

   En total, los gobiernos europeos se han comprometido a realizar en total 2.250 test de ADN y a tomar una muestra por cada 50 toneladas para rastrear el analgésico. Bruselas se ha comprometido a financiar el 75 % de cada análisis, que tienen un precio de 400 euros cada uno, y España deberá cumplir con 150 exámenes de ADN. 

  Los primeros resultados oficiales deberán ser publicados el próximo 15 de abril, por lo que se comenzarán los análisis el 1º de marzo, a lo largo de un mes, con una posible prórroga de dos meses.