La inspección ocular al pabellón se ha producido este miércoles a instancias de las acusaciones particulares y se ha prolongado por dos horas. El próximo 26 de diciembre, la fiscal y el juez Eduardo López harán una nueva inspección ocular para conocer dónde estaban ubicadas las 127 cámaras desplegadas en todo el pabellón.

   Durante su visita, los abogados Felipe Moreno, Gerardo Viada, Abdón Núñez y Virginia López han recorrido las instalaciones para comprobar "in situ" las dimensiones de la pista central y los pasillos, así como dónde estaban colocadas las cámaras de seguridad.  

  "No me creo que este local tenga licencia para albergar 10.600 personas. No me lo puedo creer. No reúne ni uno de los requisitos para eso. Los pasillos son un auténtico túnel de 2,5 metros de ancho y 5 de largo", ha aseverado Abdón Núñez, el abogado de la familia de Belén Langdon, una de las víctimas mortales.  

  Asimismo, ha recalcado que nadie se pueda creer que este recinto tenga autorización, ya que "hay muchas irregularidades". "¡Dónde está el acuerdo municipal! Quiero saber quién lo firmó porque esa persona si se sentará en el banquillo de los acusados", ha asegurado Núñez, quien ha tachado de "inaceptable" las escasas condiciones que reúne el recinto.  

  "¡Esto clama al cielo!. Esto es absolutamente intolerable e inadmisible. Una vergüenza que no tiene nombre", ha apostillado. "Que todo el mundo intente escurrir el bulto, no tiene nombre. Son tantas cosas que hay que aclarar. Esto no ha hecho más que empezar", ha avisado.

   Por ello, ha aprovechado para pedir al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que dote de más medios a la investigación en aras a que la instrucción no se dilate como la investigación por el caso de la colza, que se juzgó tras doce años. "Queremos un juez de apoyo, apoyo al Ministerio Fiscal y algún funcionario", ha precisado.   

 Felipe Moreno, que defiende a la familia de Rocío Oña, ha señalado que el recinto "no cumple las medidas necesarias de seguridad como para albergar un  evento como este, que reunió a más de 20.000 personas. "Había varias puertas bloqueadas, el propio escenario bloqueaba tres vomitorios. todo eso no daba capacidad de salida", ha apuntado.  

  Además, Moreno y Virginia López, de Manos Limpias, han criticado las medidas sanitarios que había en el recinto, con una sola enfermería con dos médicos y dos ATS, así como la ausencia de extintores. Por ello, Manos Limpias ya ha pedido la imputación del médico Simon Viñals, una solicitud a la que se sumarán otras acusaciones particulares.

"UNA RATONERA"

   Por su parte, Gerardo Viada, que representa a la familia de Katia Esteban, ha definido el recinto Madrid Arena como "una ratonera" y ha reconocido que para él lo más impresionando ha sido ver el denominado pasillo de la muerte.

   "Por ahí no hace falta que haya 20.000 personas para que se produzca esto. Con 4.000 era suficiente. Es imposible que no haya avalancha. Por eso hubo gente que estuvo esperando treinta minutos sin salir. Uno de los testigos me dijo que no podía ni apoyar los pies en el suelo. Es que era una ratonera", ha añadido.  

  Según ha aseverado, "el ayuntamiento no puede dar permiso para que se celebre una fiesta en la que en la pista central haya 15.000 personas con esas salidas. "Eso es una absoluta imprudencia. Lo asombroso es que no haya habido mayor desgracia de la que hubo. Esa es una pista para jugar al tenis o al baloncesto", ha reseñado.  

  "Lo que está claro es que aquí para que se dé todo esto hay muchas imprudencias. La primera es que aquí se celebre una fiesta; segundo, que las compañías de seguridad no cumplieron con su deber; tercero que la empresa organizadora haya vendido el doble o tripe de entradas; cuarto, que no hubiera un sistema sanitario para un evento de este tipo. Es una antología de la imprudencia", ha dicho.