El Consejo General de Economistas (CGE) valora las nuevas medidas de financiación para evitar el cierre de empresas, si bien ve una "gravísima incongruencia" en el Gobierno al considerar "absolutamente irracional" que parte de los créditos se tengan que destinar a pagar impuestos y cuotas a la Seguridad Social, cuando "resultaría tan sencillo aplazar estos pagos hasta que pase la crisis". Además, pide flexibilizar las ayudas y clarificar los procedimientos de los avales.

Así lo ha señalado el presidente del CGE, Valentín Pich, quien insiste que con el aplazamiento de tributos y cuotas el montante de los créditos solicitados se reduciría, así como los riesgos que habrá de asumir la banca y el Estado. No obstante, valora el "buen paso" dado con la publicación de las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, si bien avisa de que los economistas estarán expectantes ante la forma de ponerlas en marcha.

La resolución publicada este jueves en el BOE mandata al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que dentro de los diez días siguientes a la adopción de este acuerdo del Consejo de Ministros disponga lo necesario para la puesta en marcha de forma efectiva de esta línea de avales.

Asimismo, señala que el establecimiento de un primer tramo de 20.000 millones resulta "insuficiente", por lo que defiende que debería hacerse una ampliación de los siguientes tramos de forma automática, una vez consumido el primero, con objeto de no frenar el proceso de inyección de liquidez para las empresas afectadas por el Covid-19.

También considera que debería optarse por la "máxima flexibilización" posible para el cómputo de la regla de mínimos y ayudas de Estado, potestad que fue anunciada por la UE y de aplicación por tanto por cada país, al tiempo que defiende que el destino de los préstamos avalados permita hacer frente a los impagados y resto de financiación necesaria por problemática ocasionada por el coronavirus; pasar deuda de corto plazo a largo plazo para poder hacer frente con tranquilidad a la postcrisis, y la opción de dinero "nuevo" para poder seguir operando, no solo para cancelar posiciones de impagados con el banco, sino incluso para acometer nuevas inversiones.

A su vez, pide constituir comités de riesgo 'ad-hoc' y procedimientos de entrada de expedientes específicos; que los bancos dediquen recursos a ello de forma específica y que desde el ICO se participe, en cierta forma, en los comités de riesgo o haya una comunicación muy fluida para velar por la rapidez del proceso, no a posteriori.

Señala también que no se establece nada en cuanto a la solicitud de garantías adicionales a la entidad financiera ni sobre la limitación de los tipos de interés de aplicar y, en cuanto a los gastos, solo se indica que los gastos del aval correrán a cargo de la entidad, sin embargo no se especifica quién pagará la comisión de gestión y administración del 0,05%, que será probablemente a cargo del solicitante.

Además, avisan de que no se establece ningún límite al tipo de interés a aplicar ni otros gastos, por lo que pide medidas de subvención de los tipos de interés y coste de toda esta financiación extra como consecuencia del Covid-19. Además, ven la limitación del plazo a 30 septiembre es "corta" y debería ser hasta el 31 de diciembre.

Igualmente, aboga por que los préstamos avalados en tan alto porcentaje no computen en el límite total de riesgos del cliente que tiene la entidad financiera, con objeto de no perjudicar otras operaciones de financiación que pudiera tener el cliente. Por último, el CGE pide que se publicaran en la página web del ICO los criterios de riesgos y procedimiento de las entidades financieras.