La idea es que de la reunión del viernes salga ya el texto definitivo que los expertos entregarán al Gobierno para su remisión inmediata al Pacto de Toledo, ya que el Ejecutivo quiere consensuar con los Grupos Parlamentarios y con los agentes sociales el diseño del llamado factor de sostenibilidad de las pensiones.   

 Los expertos han superado el plazo comprometido para emitir su informe (finales de mayo), con lo que no es previsible que las discusiones del Comité vayan a prolongarse más allá de este viernes. De hecho, las fuentes consultadas indicaban, tras la última reunión, celebrada el pasado 27 de mayo, que el margen que el Gobierno iba a dar al Comité para acabar sus trabajos iba a ser "pequeño".   

 Aunque el Gobierno quiere que los doce expertos que nombró para este Comité ultimen su informe con el máximo consenso, las fuentes consultadas no descartan que el documento se cierre sin el apoyo unánime de todos los "sabios", al igual que ocurrió con el anterior borrador del documento.

   De hecho, el último borrador planteado en las últimas horas a los integrantes del Comité es similar al que hasta ahora se conocía. "Las fórmulas son las mismas y sólo incluye matices", han indicado a Europa Press fuentes conocedoras del texto.   

 Por su parte, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, afirmaba esta semana que al Gobierno le interesa que se incorporen "las máximas sensibilidades posibles" en el informe y consideraba "previsible" que el documento final "se distancie mucho" del borrador conocido en las últimas semanas.

DISCREPANCIAS  

  Según señalaron en su momento a Europa Press fuentes cercanas a los "sabios", existen tres voces discordantes en el seno del Comité: la del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha representado a UGT en el consejo de administración de RTVE, Santos M. Ruesga; la del director del Gabinete de Estudios de CC.OO., Miguel Ángel García Díaz; y la del catedrático del Derecho del Trabajo y afín del PSOE, José Luis Tortuero.  

  Desde el entorno del Comité se señalaban que las principales discrepancias se referían a la posibilidad de desvincular la revalorización de las pensiones del IPC y de aplicar el factor de sostenibilidad ya en 2014.

   En contra de esta tesis, los tres expertos "disidentes" consideraban que se podrían establecer fórmulas para que el Estado se haga cargo del mayor coste de las pensiones de forma paulatina hasta la aplicación del factor de sostenibilidad en 2032, como se preveía en la reforma de las pensiones de 2011.

   Otros de los argumentos de los expertos discrepantes con el informe preliminar es que las pensiones no deben perder poder adquisitivo a futuro, cuando, pese a mantener o incrementar su valor nominal, se reduzcan en relación al salario inicial.   

 Fuentes del Gobierno apuntaron entonces a Europa Press que en caso de que se mantuviesen estas diferencias entre los expertos -que representan una cuarta parte de todo el grupo-, el presidente del Comité, el catedrático de sociología Víctor Pérez Díaz, está capacitado para hacer una criba de opiniones para poder emitir un informe unitario.