La organización ha documentado tres ejecuciones sumarias y al menos diez flagelaciones en público por el Consejo de la Shura de Jóvenes Islámicos, un grupo extremista que este mes ha jurado lealtad a Estado Islámico.

   Igualmente, ha documentado las decapitaciones de tres residentes, en lo que constituirían crímenes de guerra, y decenas de asesinatos aparentemente por motivos políticos de funcionarios públicos, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad, así como de otras personas, incluidas mujeres.

   "Las milicias extremistas que controlan Derna en ausencia de cualquier autoridad estatal han desencadenado un reino de terror contra sus habitantes", ha denunciado la directora para Oriente Próximo y el Norte de África de HRW, Sarah Leah Whitson. "Los comandantes deberían entender que podrían enfrentarse a procesos judiciales a nivel nacional o internacional por los graves abusos a los Derechos Humanos que están cometiendo sus fuerzas", ha alertado.

   Desde mayo, el este de Libia está sumido en un conflicto armado entre las fuerzas aliadas al Gobierno electo, con base en Tobruk, y lideradas por el general Jalifa Haftar y las milicias islamistas. En Derna y sus alrededores, además del Consejo de la Shura de Jóvenes Islámicos, operan otras milicias como Ansar al Sharia y la Brigada de los Mártires Abu Saleem.

   HRW ha hablado con residentes que han abandonado Derna. Un activista, que huyó a finales de octubre tras recibir amenazas de muerte, ha asegurado que la ciudad está "plenamente bajo el control de los fundamentalistas" que han impuesto la ideología extremista y aplican una interpretación estricta de la sharia.

   Según este activista, las distintas milicias comparten la misma ideología y la única disputa entre ellos tiene que ver con el juramento de lealtad a Estado Islámico por parte del Consejo de la Shura de Jóvenes Islámicos.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

   En ese sentido, HRW considera que la ONU debería establecer con urgencia una comisión de investigación internacional o mecanismos similares para investigar presuntos crímenes de guerra y otras violaciones graves por todas las partes en el conflicto en Libia, con vistas a garantizar la rendición de cuentas.

   La organización resalta que las autoridades libias se han mostrado impotentes o reticentes a investigar y procesar a los responsables de los asesinatos y otros abusos graves en el país. Además, los esfuerzos para la rendición de cuentas a nivel internacional están bloqueados pese a que existe un mandato para que el Tribunal Penal Internacional (TPI) actúe respecto a Libia y hay una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que amenaza con sanciones individuales.

   "Las amenazas del Consejo de Seguridad de la ONU de sanciones se convierten en huecas si nunca se aplican", ha subrayado Whitson. "Cada día que pasa, más personas mueren y se desperdician más oportunidades de dar marcha atrás en la espiral descendente en Libia", ha remachado.