y el presupuesto a largo plazo del bloque en una reunión telemática de la que, sin embargo, no se espera todavía un acuerdo al respecto por las marcadas diferencias entre las capitales.

La sesión de este viernes será un "calentamiento", tal y como lo definen fuentes diplomáticas, de cara a una reunión posterior en julio, que se espera incluso que sea presencial. El propio presidente del Consejo europeo, Charles Michel, asume que el pacto este viernes es imposible en la carta de invitación enviada a los líderes.

"El principal objetivo es lograr un acuerdo lo antes posible. Todavía hay camino que recorrer hacia el pacto por lo que necesitamos trabajar duro durante los próximos días y semanas", remarca el exprimer ministro belga.

La casilla de salida de los jefes de Estado y de Gobierno será la propuesta de la Comisión Europea que plantea un Marco Financiero Plurianual (MFF) - para los próximos siete años de 1,1 billones de euros y un fondo de recuperación --llamado 'Next Generation EU'-- de 750.000 millones de euros.

Las propuestas han sido recibidas de manera desigual por los Estados miembros, aunque ninguno rechaza de plano la arquitectura principal del plan de reconstrucción: el Ejecutivo comunitario acudirá a los mercados y captará fondos mediante la emisión de deuda. Este dinero será después transferido a los gobiernos nacionales.

"Lo positivo es que nadie ha rechazado directamente el fondo", destacan fuentes comunitarias de cara a una cumbre en la que "lo importante será que no se den pasos atrás". Lo más previsible es que este viernes los líderes pidan a Michel que prepare una nueva propuesta teniendo en cuenta los comentarios de las capitales y éstas intenten un acuerdo a lo largo de julio.

TAMAÑO, CONDICIONES Y PRÉSTAMOS, LAS CUESTIONES

ABIERTAS

Países del norte como Países Bajos, Suecia, Austria o Dinamarca (llamados 'los cuatro frugales') y en parte, Finlandia, representan el bloque más crítico con la propuesta. Aunque aceptan que Bruselas emita deuda, piensan que el fondo puede ser menor que los 750.000 millones que propone la Comisión y, sobre todo, defienden que se transfiera a los países a través de préstamos a devolver, y no con subvenciones no reembolsables.

"No entendemos por qué la Comisión llegó a los 750.000 millones", denuncian fuentes diplomáticas de uno de estos países, que piden un análisis mucho más económico que el elaborado por el Ejecutivo comunitario en su propuesta. Además, apuntan que si Bruselas no ve en peligro la sostenibilidad de la deuda pública de ningún socio del bloque, no habría problema en que las ayudas tuvieran la forma de préstamos.

España ve con buenos ojos el planteamiento de Bruselas, pero también cree que los 750.000 millones que plantea Bruselas se encuentran en la banda baja de lo que debería inyectarse en la economía. Madrid comparte con París, Berlín, Roma y otras capitales un frente que reivindica las transferencias directas frente a los préstamos.

Pero las críticas de los 'frugales' no se terminan con el tamaño y la forma de las ayudas, sino que además reclaman que el desembolso de los fondos esté vinculado a una serie de condiciones. Así piden que se utilicen para financiar reformas o inversiones en línea con las prioridades de la UE.

En particular, ponen el acento en las transiciones ecológica y digital, pero también en medidas para reforzar las finanzas públicas a través de recortes de gasto o subidas de impuestos para cerrar los déficit presupuestarios que se dispararán durante la crisis.

Los socios del Norte también consideran que la UE debe empezar a devolver su deuda antes de 2028, como propone la Comisión Europea, que dibuja un horizonte temporal de devoluciones que llegaría hasta 2058.

Así las cosas, los jefes de Estado y de Gobierno tendrán que verse al menos una vez más para resolver las cuestiones pendientes tanto sobre el fondo de recuperación como sobre el presupuesto de la UE 2021-2027, en el que quedarán enmarcadas las dotaciones de gran interés para España, como la PAC y la Política de Cohesión.

Los fondos, en cualquier caso, no empezarán a ser desembolsados hasta el 1 de enero de 2021 (excepto 11.500 millones que Bruselas quiere adelantar a este año), por lo que la urgencia rodea unas negociaciones que necesitan el visto bueno de todos los Estados miembros y también el respaldo del Parlamento Europeo.