El presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín y los doctores Javier Font, representante de la Vocalía de Médicos de Hospitales; Carlos Molina, presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, y Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, han expuesto este sábado ante la Asamblea General cuáles son los motivos que llevan a la corporación médica a elaborar este informe y los contenidos del mismo.

   En la exposición del porqué de este informe, se quiso dejar claro que la OMC, como representante de la profesión médica,  y los médicos como tales se sienten en la obligación de apoyar a las víctimas de la talidomida y "situarse con fuerza a su lado para que puedan alcanzar los objetivos de su justa reivindicación".

   La corporación médica responde así a la petición de ayuda de la Asociación de Víctimas de la talidomida en España (AVITE), que agrupa a más de 300 personas, a quienes reconocen como "víctimas de una situación que ocurrió entre finales de los años 50 y principios de los 60 y que provocó el nacimiento de miles de bebés con malformaciones en las extremidades, tras la ingestión del fármaco por las madres embarazadas para paliar las náuseas", y que consideran un agravio comparativo que España sea "el único país en el que los afectados no reciben apoyo alguno ni del Estado ni de la farmacéutica Grünenthal, propietaria del fármaco".

   En este sentido, Rodríguez Sendín, ha considerado "indignante que se tolere a Grünenthal discriminar a los españoles que han sufrido los efectos de la talidomida" y ha lamentado que los sucesivos gobiernos no hayan sido capaces de defenderles "o hayan tomado acciones claramente insuficientes, a excepción del tímido intento llevado a cabo en 2010". Por eso, ha expuesto que los médicos deben hacer algo a este respecto: "nuestro deber es estar al lado de las víctimas", ha dicho. Y con el citado informe la corporación pretende "ayudar a reparar una injusticia."

OTROS APOYOS

   El colectivo médico se suma así al apoyo que las víctimas han recibido del Parlamento español, del Parlamento Europeo y del propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tras la  sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de octubre que desestimó los recursos planteados por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), confirmando así la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que, en octubre de 2014, revocó la decisión de la jueza de Primera Instancia número 90 de Madrid, que condenaba a la farmacéutica alemana Grünenthal a indemnizar a los afectados por la talidomida, recuerdan desde la OMC.

   El Tribunal Supremo desestimó el recurso al considerar que la acción estaba prescrita por haber transcurrido con creces, incluso, en la hipótesis más favorable para los afectados, el plazo de un año establecido en la legislación civil para el ejercicio de este tipo de acciones.

   Esta sentencia ha desencadenado una serie de reacciones y manifestaciones, incluso del propio Tribunal Supremo que reconoce la injusticia de Grünenthal y argumenta en la propia sentencia que la solución al problema "no está en estos momentos en los tribunales, ni ninguno se cita de algún país de nuestro entorno que haya procurado soluciones distintas del orden civil a la que aquí se pretende, lo que no anula una eventual expectativa de que la Administración tome conciencia de situaciones como la acontecida, o de cualquier otra especie y le haga frente".

   Se han alcanzado acuerdos parlamentarios de la totalidad de los partidos políticos -PP, PSOE, CDC, Uniò, Izquierda Plural (IU-ICV_CHA) y UPyD   para instar a Grünenthal, como "responsable de atentado contra la salud de la humanidad", que asuma su responsabilidad y compense a las víctimas en España como lo ha hecho en el resto de países, sin sentencia judicial.

   Asimismo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las diferentes comunidades autónomas, tras el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la  Dependencia del 7 de octubre, han instado a Grünenthal a que indemnice a los afectados españoles por la talidomida, buscando una solución global que alcance las mismas soluciones que en otros países europeos, donde la presión social ha dado resultado.

   También el PSOE ha pedido que se reparen las consecuencias y que se busque una solución política, y el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, aunque ha manifestado su respeto por el fallo judicial, también ha expresado un mensaje de apoyo a los afectados y la comprensión del Gobierno por su decisión de continuar con el proceso judicial, anunciando  nuevas valoraciones para reconocer a más víctimas.