"El Rey ha coincidido conmigo en que, en un Grupo Mixto con 23 personas, muchísimos de nosotros no podríamos tener voz" -afirmó Baldoví a su salida de la reunión- "Entiende perfectamente, yo creo, que muchos votos se podrían quedar sin representación, sin posibilidad de presentar sus propuestas. Creo que ha entendido la necesidad de que Amaiur y UPyD tengan grupo para permitir un Grupo Mixto con mayor operatividad".

   Si el PP hiciera una interpretación estricta del Reglamento, el Grupo Mixto pasaría a tener los siete escaños de Amaiur, más cinco de UPyD, tres de ERC, dos del BNG, dos de CC-NC, uno de Compromís, uno del Foro Asturias, uno de Geroa Bai y otro más de UPN. Por eso, la mayoría de los minoritarios apoya la idea de que los abertzales y los magentas tengan su propio sitio en la Cámara Baja.  

  El diputado valenciano considera que el Jefe del Estado comparte también que hay que posibilitar que las voces de Galicia, Canarias o Valencia puedan tener aunque sea un pequeño hueco para expresar sus preocupaciones y presentar sus propuestas. Baldoví agregó que, de otro modo, se incurriría en "un fraude a la democracia": "La gente no entendería a qué hemos venido a Madrid".

   Francisco Jorquera, portavoz de los nacionalistas gallegos, confirmó que el Monarca se había comprometido a trasladar estas preocupaciones a Posada. En su opinión, el hecho de que UPyD y Amaiur tengan grupo propio demostrará que los "populares" gobernarán sin prepotencia y sin autoritarismo. Él también reclama "un Congreso de los Diputados más plural", que permita que las formaciones trabajen "con plena normalidad".

   Uxue Barkos también apoya la idea de que se haga una "lectura lógica" del Reglamento. Después, la parlamentaria de Geroa Bai matizó que los vascos no han pedido ayuda a su formación para que le deje su escaño de forma temporal, con lo que superaría el umbral de 15 votos en Navarra. Esto le permitiría tener un lugar propio en la Cámara, sin necesidad de involucrar al PP.

 "No ha existido ninguna petición por parte de Amaiur en ese sentido", sentenció.

   De momento, el único partido minoritario que se ha manifestado en contra de esta idea es UPN, que teme que los abertzales utilicen la situación como "altavoz" para hacer "propaganda" y como vía de "financiación". Los foralistas no plantean "inconvenientes" con respecto a los de Rosa Díez, pero creen que, si se le niega a Amaiur, también se les debería negar a ellos.  

  El diputado navarro Carlos Salvador afirmó que lo único que interesa a la coalición de Euskadi son "las elecciones vascas y la secesión del País Vasco y Navarra". "El resto les importa bien poco", agregó. A su juicio, Amaiur empleará el grupo como vía de "financiación" para conseguir estos objetivos.

 EL PP APUESTA POR CUMPLIR EL REGLAMENTO   

 Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso, cree que Amaiur está recurriendo a "un truco" para aparentar que cumple el reglamento. Sin embargo, puntualizó que "la realidad es tozuda" y que la coalición abertzale no cumple los requisitos. El Grupo Popular apoya la idea de que el reglamento se cumpla "en sus propios términos", sin implorar "flexibilidad", sostuvo en una entrevista en Radio Euskadi.

   El dirigente añadió en ABC Punto Radio: "Ellos mismos lo han reconocido al no inscribir al diputado navarro. Saben que no cumplen, y le inscribirán después (...) Por mucho que trate de disfrazarlo, (...) los hechos son tozudos y la realidad es que le falta alcanzar el 15 por ciento en Navarra". Alonso ratificó después que los suyos no harán "interpretaciones forzadas" de las normas.  

  Para contar con grupo parlamentario en el Congreso es preciso tener al menos cinco diputados con respaldo porcentual de votos: el 5 por ciento en toda España o el 15 por ciento en las circunscripciones donde se ha presentado lista. La coalición se quedó a unas décimas de ese 15 por ciento en Navarra. La "treta" que denunciaba Alonso se basa en que el diputado de Navarra no tomó posesión de su escaño, intentando eludir ese requisito.

   El PSOE sólo reclama que el debate se solucione con "una interpretación en legalidad del Reglamento", basada en "opiniones jurídicas fundadas", en palabras de José Antonio Alonso, portavoz parlamentario. Él aboga por que "las dudas interpretativas" se resuelvan teniendo en cuenta los informes que realicen los servicios jurídicos del Congreso.