Tras cinco años de existencia, en esta base están identificados de manera acreditada los titulares reales de 1.678.681 sociedades limitadas, 68.937 sociedades anónimas y 35.607 asociaciones, fundaciones, partidos políticos o sindicatos.

Además, 446.102 titulares reales han sido identificados como tal, ante un notario y en documento público, por los representantes de sociedades u organizaciones.

La base, creada al amparo de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y tras el dictamen favorable de la Agencia Española de Protección de Datos, permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos, incluso tras una maraña de sociedades fantasmas y testaferros.

A lo largo de estos años, jueces, tribunales, autoridades policiales y sujetos obligados por Ley (notarios, entidades financieras, auditoras o aseguradoras) han solicitado más de 3,5 millones de informaciones sobre los titulares reales de cientos de miles de sociedades y organizaciones, identificados en esta base.

La información contenida en ella procede del Índice Único Informatizado notarial, que es la piedra angular de los servicios de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y fraude fiscal del colectivo notarial.

Este índice contiene más de 110 millones de documentos notariales relativos a 146 millones de operaciones realizadas por casi 40 millones de personas físicas y jurídicas.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señaló en 2014, tras evaluar a España en materia de prevención del blanqueo de capitales, que España puede saber quiénes son los titulares reales de las sociedades mercantiles españolas es gracias a la información contenida en la Base de Datos de Titular Real, desarrollada por el Notariado.

El pasado mes de octubre el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado fue invitado a presentar la BDTR en la reunión conjunta del grupo de lucha contra la corrupción (ACWG) del G20 y del GAFI, en la que se valoró la Base de Datos de Titular Real de los notarios.

UTILIZACIÓN DE SOCIEDADES "PANTALLA"

El Consejo General del Notariado explica que para iniciar una actividad mercantil, lo más habitual en España es crear una sociedad de responsabilidad limitada. De hecho, y según los datos estadísticos notariales, en 2016 se constituyeron 105.629 nuevas sociedades, el 95,1 por ciento de responsabilidad limitada.

La sociedad se dota de personalidad jurídica y se convierte en un sujeto de derecho para operar en el tráfico mercantil. Esta circunstancia es la que puede permitir utilizarla como un medio para el blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, entre otros actos delictivos.

El director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado, Pedro Galindo, explica que el blanqueador de capitales, por definición, pretende que el dinero obtenido de forma ilícita parezca que procede de actividades legales. Mientras, los accionistas de muchas empresas son a su vez otras sociedades, lo que genera una estructura que en ocasiones hace "realmente complejo" llegar a conocer quién o quiénes son las personas físicas que en última instancia controlan la compañía.

"Estas circunstancias son las que pueden convertir a las sociedades mercantiles en herramientas idóneas para el blanqueo de capitales", añade.

Con objeto de reducir este uso, asegura el presidente del Notariado, José Ángel Martínez Sánchiz, la normativa de la Unión Europea ha tratado en diversas directivas de generar transparencia en torno a las personas jurídicas.

En aras de una mayor transparencia que permita combatir la utilización abusiva de las personas jurídicas, la Unión Europea obliga a los Estados miembros a que garanticen que la información relativa a la titularidad real de las personas jurídicas se conserve en un registro central situado fuera de la sociedad mercantil correspondiente.

El acceso a la información de la BDTR es posible únicamente, para el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarios (Sepblac), para los fines encomendados a este organismo; las autoridades judiciales, policiales, fiscales y administrativas competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales y los notarios, en su condición de sujetos obligados en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.

También tienen acceso otros sujetos obligados previstos en la ley, tales como entidades financieras, auditoras o entidades de seguros (previo convenio con el Notariado) y la Oficina Anti Fraude (OLAF), integrada en la Comisión Europea.