"Estamos dispuestos a poder apoyar cualquier demanda que pudiera presentarse de anticonstitucionalidad si definitivamente la ley aprobada tiene estos aspectos anticonstitucionales, pero insisto en el deseo, mientras no se acabe este tramo de elaboración de la ley, seguir insistiendo en la posibilidad de mejora, de pacto y de diálogo", ha precisado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.

Así lo ha asegurado el portavoz de los obispos este viernes 20 de noviembre en rueda de prensa, tras la reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que se ha celebrado esta semana.

En todo caso, ha apostado por agotar la vía del "diálogo" en el paso de la ley al Senado, donde todavía se pueden hacer enmiendas y "mejorar" el texto. "Si no es así, no cabe duda de que la Constitución Española habrá de venir en ayuda de aquellos sectores excluidos o ninguneados", ha subrayado.

Para los obispos, la LOMLOE es una ley "confesional" en "su manera de entender la educación", en "la perspectiva ideológica que tiene tras de sí" y "en su manera de entender lo público identificado a lo estatal".

Argüello ha opinado que "existe este riesgo (de que la ley sea inconstitucional)" aunque ha insistido en que habrá que esperar a que sea definitivamente aprobada, porque "ya se ha visto estos días el vértigo de enmiendas y transacciones, a veces con otros asuntos no directamente relacionados con la propia educación". Asimismo, ha puesto de manifiesto la "división prácticamente por la mitad" en el Congreso.

Los prelados han aprobado una declaración sobre la ley Celaá en la que lamentan en particular "que se haya procedido a la tramitación de esta ley a pesar de las difíciles circunstancias causadas por la pandemia" y denuncian "los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas".

En la nota añaden que "el verdadero sujeto de la educación es la sociedad, y, en primer lugar, las familias" y, por tanto, dicen, "no sería aceptable que el Estado pretendiera apropiarse de este protagonismo de la familia y de la sociedad identificando el carácter público de la enseñanza con su dimensión organizativa de carácter estatal". "No solo lo que es de titularidad estatal es público", subrayan.

A su juicio, hay que "privilegiar el camino del diálogo, de la escucha y del acuerdo, de modo que las propias posiciones ideológicas (todas ellas 'confesionales') no se conviertan en criterio de exclusión".

A los obispos les preocupa que esta ley "introduzca limitaciones" al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza y, "en primer lugar, al ejercicio de la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos".

LIBERTAD DE CREACIÓN Y ELECCIÓN DE COLEGIOS

En este sentido, creen que la ley "debería recoger la demanda social en todas las etapas del proceso educativo: libertad de creación de centros escolares, libertad de elección de centro y propuesta educativa y trato en igualdad de condiciones a los diversos tipos de centro", para lo cual consideran necesaria "la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones".

Además, critican que la ley aprobada "suprime el valor académico de la evaluación de la asignatura de Religión, y deja a los alumnos que no cursen esta asignatura sin una formación con contenido escolar".

En esta línea, indican que "no es aceptable la descalificación de la asignatura" de Religión "o del trabajo de sus profesores como adoctrinamiento" y lamentan que la propuesta que realizaron los prelados al Ministerio de Educación --sobre integrar la materia en un área de conocimiento-- "no ha recibido respuesta" por parte del Gobierno.

Además, preguntado por la eliminación en el texto normativo de la referencia al castellano como lengua vehicular, ha pedido respeto a la demanda social de "las familias que desean que sus hijos puedan recibir la enseñanza utilizando el castellano, no solo de la asignatura de lengua sino de otras asignaturas", bien "porque es su lengua materna" o "porque es una lengua hablada en tantos lugares del mundo".

Sobre las movilizaciones contra la 'Ley Celaá', el portavoz de los obispos españoles dicen "comprender y apoyar" los "esfuerzos de las familias, plataformas y agentes sociales que en estos días se han movilizado en la defensa de estos derechos, y particularmente de los referidos a los alumnos con necesidades especiales".

Si bien, Argüello ha precisado que los laicos son los que deben acudir a las concentraciones y los obispos, "acompañar desde la iluminación y el aliento".

Los obispos han estado reunidos desde el pasado lunes en Asamblea Plenaria. En ella han participado 75 prelados, una treintena de ellos de forma presencial y el resto, por videoconferencia. Los que acudían de forma presencial tuvieron que someterse a un test de antígenos y uno de ellos dio positivo por lo que no pudo quedarse y ha tenido que seguir el encuentro de forma virtual, según ha informado la CEE.