Los peritos de la Guardia Civil que analizaron el patrimonio del juez Baltasar Garzón en la investigación abierta por los pagos de Nueva York han ratificado ante el Tribunal Supremo el contenido de los informes que elaboraron sobre las cuentas bancarias y las declaraciones tributarias del magistrado, según fuentes presentes en la declaración.  

  Los expertos han sido citados a las 16.30 horas de este martes para declarar ante el magistrado instructor Manuel Marchena, que investiga los patrocinios a dos cursos impartidos por Garzón en la Universidad de Nueva York durante los años 2005 y 2006.  

  El interrogatorio, que se ha prolongado durante casi dos horas, se ha realizado en presencia de los abogados José Luis Mazón, Encarnación Martínez y Antonio Panea, del representante del Ministerio Público y del abogado de Garzón en este asunto, el exfiscal Enrique Molina. Los peritos han explicado que su trabajo se centró en investigar y volcar la información relacionada con las cuentas corrientes y las declaraciones fiscales de Garzón residenciadas en España en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de junio de 2006. En este sentido, han hecho hincapié en que no han analizado ninguna cuenta ubicada en el extranjero.

 DUDAS DE LOS PERITOS  

  Según las fuentes consultadas, los agentes han puesto de relieve los pagos que varias entidades efectuaron al juez por participar en cursos, conferencias y seminarios y que éste incluyó en su declaración de impuestos. Sin embargo, han destacado que estas cantidades no tienen un reflejo contable en las cuentas corrientes obrantes en su documentación bancaria.  

  No obstante, han precisado que el periodo cronológico que abarca su examen puede justificar algún desfase entre el momento de su percepción y el de la declaración a la Agencia Tributaria. Aunque ésta es la hipótesis que consideran más probable, han expresado que no excluyen que exista un fraccionamiento de los pagos para dificultar su seguimiento, que éstos se realicen en cuentas tituladas por terceras personas o que hayan sido recibidas en efectivo.

   Los agentes también han sido cuestionados por un abono por valor de 500 dólares procedente del Instituto Cervantes en una cuenta de Citibank de la que era titular Baltasar Garzón.  

  A este respecto, han indicado que la cuenta presentaba una numeración incompleta y que, tras su requerimiento, el Instituto presentó la numeración correcta. A su juicio, se trata de dos depósitos diferentes aunque sería conveniente contrastar las dos numeraciones para esclarecer este extremo.

   Según han expuesto, no han detectado ingresos de la Universidad de Nueva York, de la Universidad Rey Juan Carlos I o de empresas, como el Banco Santander, en las cuentas abiertas en España.   

 Los peritos del Instituto Armado también han evaluado gastos de carácter personal o familiar con el fin de ofrecer al instructor la información más amplia posible. Así, han analizado una cuenta de la que era titular la esposa de Garzón y han hecho referencia a una empresa de la que era apoderada la esposa y administrativa la hija de ambos.

   En una investigación de esta naturaleza, han explicado, resulta decisivo ya que cuando el entorno familiar crea una empresa expresa un "modus operandi" de sumo interés para el esclarecimiento del caso.

 "DIFICULTADES DE MEMORIA" DE LA ASISTENTE DE GARZÓN   

 Tras ellos, el magistrado instructor ha tomado declaración en calidad de testigo a María del Mar Bernabé, la funcionaria de la Administración de Justicia que acompañó a Garzón durante su estancia en Nueva York, donde disfrutaba de un permiso de estudios.  

  Según explicaron fuentes de la acusación, la asistente de Garzón ha incurrido en varias "contradicciones" y el juez le ha llegado a recodar la obligación que tienen los testigos a decir la verdad antes sus confusas y "evasivas" respuestas.  

  La acusación le ha advertido por sus "dificultades de memoria" después de que dijera en sucesivas ocasiones no recordar si recibió algún pago durante su estancia en la Universidad y remitiera a la contabilidad del centro educativo.    Durante la comparecencia, se le ha exhibido un cheque nominativo por valor de 15.000 dólares del Banco Santander y se la ha recordado otro ingreso de 20.400 dólares que supuestamente recibió por su actividad en el centro universitario. La acusación ha expuesto que Bernabé dijo el año pasado que no había recibido ningún cheque junto a una carta que le envió la Universidad en 2006 pero que este martes ha admitido que sí estaba adjunto.   

 "Ha sido una declaración muy útil por ese empeño numantino en negar lo evidente, ha valorado la acusación respecto al interrogatorio de Bernabé ante el magistrado instructor.   

 La testigo ha expuesto que no le consta que Garzón se dedicara a la redacción de convenios, pese a que le han enseñado un correo electrónico que reflejaría la participación del juez. Además, ha dicho desconocer si Garzón recibió fondos de los patrocinios y quien le pagaba por su participación en los coloquios.

   Fue en abril de 2010 cuando la asistente de Garzón acudió por primera vez para declarar ante el alto tribunal en el marco de este procedimiento. Según la acusación popular, las declaraciones de Bernabé se ciñeron a su situación personal en Nueva York, a donde acudió tras solicitar un permiso de estudios para el patrocinio de los cursos denominados "Diálogos Transatlánticos" en 2005.  

  La funcionaria explicó entonces que volvió a esta ciudad entre abril y junio de 2006 y que no fue Garzón sino la propia Universidad la que le propuso trabajar en el centro educativo.

Añadió que ella pagó durante este periodo su propio alquiler y dijo no recordar si cobró cantidad alguna, según las mismas fuentes.  

  Marchena investiga por supuestos delitos de prevaricación y cohecho al juez suspendido de la Audiencia Nacional por los patrocinios de varias empresas, entre ellas las del Banco Santander, a dos cursos que impartió entre 2005 y 2006. La Fiscalía no ve delito en la actuación del magistrado y no le acusa en este procedimiento.  

  Las actuaciones se iniciaron a partir de la querella presentada por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, en la que relacionan la supuesta aportación de 302.000 euros que recibió Garzón por la organización de los coloquios con la decisión del juez de no admitir a trámite una querella formulada tiempo después contra varios directivos del Banco Santander, entre ellos su presidente Emilio Botín.

 NUEVO IMPULSO EN EL PROCEDIMIENTO

   El impulso dado estas últimas semanas a este procedimiento obedece a los datos remitidos al Supremo por las autoridades académicas y judiciales de Nueva York mediante una comisión rogatoria.

   Esta documentación responde a la diligencia acordada por Marchena en septiembre del pasado año, en la que ordenaba a la Unidad Técnica de la Policía Judicial del Instituto Armado realizar un informe acerca del "origen, persona, organismo o entidad pagadora de todos los ingresos percibidos por Garzón entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2006", periodo durante el cual el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 organizó diversos cursos en el centro académico neoyorquino.   

 Por su parte, el juez Baltasar Garzón acudirá en la tarde de este miércoles al Tribunal Supremo para declarar en la causa por los pagos a Nueva York. El interrogatorio se produce tras haber solicitado un retraso su abogado defensor, Enrique Molina, por coincidir con un juicio que tiene previsto este mismo día.  

  Marchena dictó una providencia a finales de noviembre, a la que tuvo acceso Europa Press, a la que accedía a retrasar hasta la tarde las diligencias previstas inicialmente para la mañana del 13 de diciembre.