El dinero que sostiene a los colectivos de víctimas del terrorismo procede fundamentalmente de las instituciones públicas, que conceden subvenciones a sus actividades través de proyectos concretos. Sin embargo, la cuantía de estas subvenciones ha ido descendiendo durante los últimos años y deja el montante con el que contarán en 2012 en cifras "insostenibles" para poder continuar con su labor.  

  De hecho, Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, entidad público-estatal creada en 2001 a raíz de la firma del acuerdo antiterrorista, se puso "los zapatos de pedir" la pasada semana para alertar de la situación y advirtió de que el próximo año tendrán que descender tanto las partidas de ayuda directa a las víctimas como el montante con el que la Fundación costea los proyectos de otras asociaciones de víctimas.  

  Para paliar en parte esta situación, anunció la puesta en marcha de una novedosa iniciativa por la que la Fundación pedirá una aportación de 500 euros a 3.000 municipios españoles para poder sufragar sus gastos y a cambio pasar a formar parte de la "Red de Municipios Amigos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo".   

 Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) -la mayoritaria en el colectivo con más de 4.000 asociados-, su presidenta, Ángeles Pedraza, ha desvelado a Europa Press que los proyectos de ayuda psicológica sufrirán el próximo año un recorte de hasta el 40 por ciento. Aunque ha asegurado que para la AVT la prioridad es la atención a las víctimas y que su asociación hará todos los esfuerzos posibles para que "no queden desamparadas", ha reconocido que muchas partidas tendrán que ser recortadas hasta un 50 por ciento.

 LAS MÁS DURAS, LAS COMUNIDADES  

  Pedraza ha detallado que la AVT ha recibido del Ministerio del Interior una partida que supera los 200.000 euros y que no ha variado sustancialmente de la de años anteriores. Diferente suerte han corrido las subvenciones proporcionadas por las comunidades autónomas, ya que algunas han desaparecido totalmente y otras han sufrido un fuerte descenso.  

  Pedraza ha ido más allá y ha contrapuesto esta situación a la de Bildu y Amaiur, que tienen acceso a cuantiosas subvenciones públicas gracias a su presencia en las instituciones. Con los resultados obtenidos del 20N, Amaiur se garantizó un total de 601.660,64 euros en subvenciones del Estado gracias a los diez parlamentarios cosechados en las Cortes Generales -siete diputados y tres senadores- y los más de 300.000 votos recabados.  

  Estos recortes los sufren también de manera especial las asociaciones autonómicas de víctimas, ya que buena parte de su presupuesto provenía de las arcas de las comunidades, que han reducido drásticamente las partidas como consecuencia de los ajustes económicos.

 AYUDA 11-M: AL BORDE DE LA ASFIXIA

   Las dos asociaciones nacidas tras los atentados del 11-M en Madrid también están sufriendo estos recortes, aunque de forma distinta debido al origen de sus ingresos. Mientras que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha perdido toda la ayuda que recibía de la Comunidad de Madrid, su única fuente de ingresos, la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo mantiene las subvenciones de los gobiernos central y vasco.    El primero de estos colectivos, además de tareas de ayuda y atención a las víctimas de los atentados de Madrid, dedica su principal esfuerzo al ámbito jurídico para lograr esclarecer todos los detalles que rodearon el 11-M.  

  Las subvenciones del Ejecutivo de Esperanza Aguirre suponían su única fuente de ingresos hasta este año, cuando se ha anulado esa ayuda y la asociación se ha quedado sin financiación. La gerente portavoz del colectivo, María Lozano, ha explicado que esto llevará a reducir al mínimo los programas de la asociación y su estructura interna. "Gente contratada va a quedar muy poca", ha reconocido antes de apuntar que la mayoría de sus trabajadores están renunciando a la indemnización que les corresponde para no agravar la situación.

 MANJÓN, SIN AYUDAS DE LA COMUNIDAD

   Por su parte, Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, con más de 1.800 socios, ha explicado a Europa Press que su colectivo no puede lamentar que la Comunidad de Madrid haya cerrado el grifo de las subvenciones porque ellos nunca han tenido acceso a ellas.    Según ha explicado, sus gastos se sufragan gracias a la aportación de los socios y la financiación que reciben del Ministerio del Interior. El Gobierno vasco también sufraga una parte de sus actividades debido a que entre sus miembros, además de víctimas de los atentados de Madrid, cuentan con numerosas víctimas de ETA, como los del atentado de la T4 de Barajas.   

 El descenso de estas partidas llevará a la asociación a aplicar una política de austeridad el próximo año en todos sus programas e incluso se ha visto obligada a rescindir el contrato de una persona contratada a media jornada para informatizar todos los documentos del colectivo.  

  "Nuestra trabajo se centrará en poder seguir dando apoyo a las víctimas en todo aquello a lo que las instituciones no llegan, desde prótesis de oído hasta técnicas de implante capilar -ha subrayado Manjón-. Pensamos seguir adelante y esperamos que el Gobierno siga sacando subvenciones para las asociaciones".