Viernes, 01 de agosto de 2025
la Constitución "no es un límite para la democracia, sino su mayor garantía"
Los presidentes de los TSJ advierten: la "tiranía" llegará cuando las resoluciones judiciales sean "papel mojado"
Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia han advertido este miércoles en el marco del desafío independentista de Cataluña que la "tiranía" llegará cuando las resoluciones judiciales se conviertan en "papel mojado" y han mostrado todo su apoyo a jueces y magistrados catalanes tras las "presiones" recibidas.
"El Estado de Derecho cederá el terreno a la tiranía cuando las resoluciones judiciales queden convertidas en papel mojado", afirman rotundamente los máximos responsables de los tribunales autonómicos en una declaración institucional que han firmado en Oviedo (Asturias), donde han estado reunidos desde este lunes por unas jornadas anuales.
Los presidentes subrayan que la Constitución "no es un límite para la democracia, sino su mayor garantía" y que la "mayor grandeza" es que permite defender "cualquier idea", aunque sea contraria al orden constitucional. Eso sí, siempre con el respeto a la democracia, los derechos fundamentales y el imperio de la Ley, recuerdan.
En este sentido, aseguran que mantienen su compromiso con el orden constitucional que "ha permitido vivir en democracia y libertad e integrar a todos los españoles, cualquiera que sea su diversidad cultural, política o de creencias".
Por otro lado, han expresado todo el "respeto, solidaridad y apoyo" al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos; a todos los magistrados, jueces y servidores públicos que operan en esa Comunidad Autónoma porque "pese a las presiones sufridas se mantienen firmes en la defensa del Estado de Derecho".
La declaración institucional hace hincapié en que es el al Poder Judicial a quien le corresponde la defensa de los derechos reconocidos en la Carta Magna y en la Ley y destacan que mantener sedes judiciales "cercadas" y "hostigar" a jueces y demás servidores públicos, la "persecución del diferente", así como incumplir las ordenes judiciales son "ataques frontales al Estado de Derecho".
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