Sabado, 23 de noviembre de 2024
Greg Abbott, decidió invocar en respuesta lo que entiende como el derecho constitucional del estado a la defensa frente a la "invasión de migrantes ilegales, drogas y terroristas", en una nota respaldada por 25 gobernadores estatales republicanos.
Los republicanos piden formalmente el cese del secretario de Seguridad Nacional por la crisis en la frontera
Tras años de disputas sobre el control migratorio entre las fuerzas de seguridad locales de Texas y la autoridad federal de la Patrulla Fronteriza de EEUU, la crisis ha alcanzado este mes un punto álgido después de que las fuerzas texanas asumieran el control de posiciones de observación habitualmente empleadas por la Patrulla Fronteriza para controlar la migración por el río Bravo.
Aunque el Tribunal Supremo de EEUU devolvió la autoridad a la Patrulla Fronteriza, el gobernador de Texas, Greg Abbott, decidió invocar en respuesta lo que entiende como el derecho constitucional del estado a la defensa frente a la "invasión de migrantes ilegales, drogas y terroristas", en una nota respaldada por 25 gobernadores estatales republicanos.
En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tendido la mano a los republicanos y ofrecido la posibilidad de adoptar una nueva ley migratoria conjunta para dilucidar el reparto de competencias, entre otros aspectos.
Mientras tanto, no obstante, los republicanos de la Cámara han ido progresando en su iniciativa para realizar un juicio político o 'impeachment' contra Mayorkas, al que consideran su objetivo principal en esta crisis. Los dos artículos presentados este domingo señalan al secretario por su "rechazo voluntario y sistemátco al cumplimiento de la ley" y por "traicionar la confianza pública".
"Estos artículos", señala el impulsor de esta iniciativa, el presidente del comité de Seguridad Nacional de la Cámara y representante republicano por Tennessee, Mark Greene, "plantean un caso claro, evidente e irrefutable contra el secretario Mayorkas".
En su respuesta inmediata a la cadena ABC, el departamento que dirige Mayorkas asegura que no hay base constitucional alguna para efectuar un juicio político y que la investigación republicana no ha ofrecido "evidencia alguna" que justifique el cese del secretario.
En cualquier caso, estos artículos están pendientes de revisión ante el comité, lo que podría ocurrir el próximo martes, y después deberían ser adoptados por el pleno de la cámara baja del Congreso antes de poner a Mayorkas ante el Senado, donde se decidiría su cese.
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