El mensaje, difundido por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside José María Aznar, también reclama a los Gobiernos democráticos --"que durante muchos años nos han dado la espalda"-- que apoyen con decisión la "lucha democrática" que la oposición venezolana libra en su país.

   El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, depuso a Machado de su cargo en marzo pasado, después de que la líder opositora visitara la Organización de Estados Americanos (OEA), con una acreditación de Panamá, para denunciar los abusos del Ejecutivo de Maduro.

   En Venezuela, sostiene Machado en el vídeo enviado a FAES, "se ha producido un golpe de Estado desde dentro del Estado". "Maduro y su régimen han demostrado que son una dictadura militarista con vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico internacional y sin escrúpulos para avanzar en su pretensión de acallar y doblegar a nuestra sociedad", denuncia.

   La exdiputada advierte de que estudiantes, periodistas, tuiteros, sindicalistas, comerciantes, empresarios y políticos están siendo "apresados sin orden judicial y delito alguno" en los últimos días en su país.

   A Machado, como a los destacados opositores encarcelados Leopoldo López y Antonio Ledezma, el Gobierno de Maduro les acusa de "promover la desestabilización y la ruptura del orden constitucional por haber llamado a la reconciliación de los venezolanos y a la reconstrucción del país en una transición pacífica hacia la democracia", relata esta ingeniera de formación a la que agredieron físicamente en el Hemiciclo de la Asamblea y que ha recibido amenazas dirigidas a sus hijos, según denuncia.

Amnistía Internacional observa con "suma

preocupación" la situación de Venezuela

Amnistía Internacional observa con "suma preocupación" la evolución de los acontecimientos en Venezuela, toda vez que el Gobierno de Nicolás Maduro ha incurrido en prácticas de represión y en "detenciones arbitrarias" ante el creciente descontento social.

   El director de Amnistía Internacional en España, Estebán Beltrán, se ha referido a la situación de Venezuela en la presentación del informe anual de la ONG sobre Derechos Humanos, en el que se recogen casos de fuerza excesiva, malos tratos, arrestos arbitrarios y utilización partidista del sistema judicial.

   Beltrán ha asegurado que se trata de un contexto de "suma preocupación" para la organización, toda vez que el Gobierno ha respondido al "creciente descontento" con la "represión" de la disidencia, que ha quedado patente en "detenciones arbitrarias" como las de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma.

   En este sentido, ha instado a las autoridades venezolanas a "cambiar de orientación" en materia de Derechos Humanos y permitir, por ejemplo, que los ciudadanos puedan acudir a organizaciones internacionales si consideran que se están produciendo abusos.

   Más de 40 personas murieron el año pasado en el marco de las protestas opositoras iniciadas en febrero, que también derivaron en unos 3.000 arrestos. Amnistía Internacional ha criticado el papel de autoridades ejecutivas y fuerzas de seguridad frente a estos movimientos, si bien Beltrán también ha apuntado que las actos violentos cometidos por manifestantes son igualmente "inaceptables".

EL INFORME

   En su informe, destaca que "las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar las protestas" como el "uso de munición real a corta distancia contra personas desarmadas" o el "uso de gas lacrimógeno y balas de goma en espacios cerrados".

   Además, "decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente durante las protestas que se desarrollaron entre febrero y julio" a muchas de las cuales, según el documento, "se les negó el acceso a asistencia médica y a un abogado de su elección durante las primeras 48 horas de su detención".

   Por otra parte, la ONG habla de "ciertos avances" en materia de tortura y malos tratos, aunque es un tema que sigue preocupando, gracias a la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles.

   En el último año, según Amnistía, los defensores de los Derechos Humanos han seguido siendo "objeto de ataques" mientras que el sistema de justicia, en opinión de la ONG, sigue estando sujeto a "injerencias gubernamentales, especialmente en los casos que implicaban a personas que criticaban al Gobierno". En este punto cita los casos de la jueza María Lourdes Afiuni o el opositor Leopoldo López.

   Por último, el informe señala que "a pesar de las reformas del sistema penitenciario, las condiciones de reclusión siguen siendo duras". En concreto, a la ONG le preocupa la falta de atención médica, alimentos y agua potable, las condiciones insalubres, el hacinamiento y la violencia en las prisiones y las comisarías". Así, precisa, en el primer semestre organizaciones locales denunciaron 150 muertes en prisiones y siete bajo custodia policial.