Un total de 25 magistrados del Tribunal Supremo han firmado un escrito en el que exigen al Gobierno que "rectifique" e incluya a este órgano en el catálogo de "órgano con relevancia constitucional del Estado" que les da acceso al Parque Móvil del Estado. Subrayan que no quieren recuperar los coches que les fueron retirados en julio y piden que los altos cargos de otros órganos y los cinco presidentes de Sala del alto tribunal que aún disfrutan de este servicio renuncien a él.  

  El escrito ha sido remitido a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que integran, además del presidente Gonzalo Moliner, los presidentes de las salas de lo Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar del alto tribunal y cinco magistrados electos. Algunos de estos últimos ya han renunciado a su privilegio.  

  Los firmantes manifiestan su "más absoluta perplejidad" por el hecho de que el Supremo, "órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes", haya quedado excluido de la relación de "órganos con relevancia constitucional del Estado" a que se refiere el Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado 8 de noviembre, en el que se define qué altos cargos tienen acceso al Parque Móvil del Estado.

PATALETA POR SENTIRSE DISCRIMINADOS  

  Se quejan de que organismos como el Tribunal de Cuentas, jurisdiccionalmente sometido al Supremo, o la propia Fiscalía General del Estado, figuren en la citada relación y no se encuentre en ella el alto tribunal del que forman parte. Ello evidencia, a juicio de los magistrados "el gravísimo error cometido por el Ejecutivo, merecedor por consiguiente de una inmediata rectificación".   

 Pese a realizar esta exigencia, subrayan que dada la actual situación de crisis económica, la medida de retirada del vehículo oficial que ellos sufrieron el pasado mes de julio "debería incluso hacerse extensiva, de manera real y efectiva, a todos los altos cargos a los que el meritado Decreto hace referencia", con la única excepción de los presidentes de los órganos, por su especial carácter representativo.  

   A juicio de los firmantes, puede "hasta resultar una penosa y lacerante realidad" el que en los tiempos que corren y mientras la ciudadanía viene sufriendo los efectos de la crisis de manera "verdaderamente dramática" exista aún "un grupo de ciudadanos más o menos numerosos" que disfrutan de un servicio "tan costoso en material, personal y mantenimiento con cargo al erario público".  

  De hecho, plantean a sus compañeros de la Sala de Gobierno que "con carácter de ejemplaridad ante la ciudadanía" se planteen la "posibilidad" de su renuncia voluntaria al coche oficial que aún disfrutan porque el mentado Decreto se lo reconoce "a los meros efectos de representación".  

  El escrito instaba por tanto a la Sala de Gobierno a que "de imediato" se dirija al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que proceda de manera urgente al reconocimiento de la citada "relevancia constitucionl  del Estado" que "ostenta de modo incuestionable" el Tribunal Supremo.   

En el "improbable" caso de que dicha petición no fuera atendida, los firmantes advierten de su intención de adoptar todas las medidas a su disposición "hasta alcanzar un objetivo tan legítimo como trascendental y justificado", en referencia a un posible contencioso-administrativo ante el propio Supremo. De hecho ninguno de los magistrados de este órgano ha dictado la resolución.

 EL GOBIERNO LES INCLUIRÁ  

  Durante la discusión de este asunto este martes, la Sala de Gobierno se ha limitado a "tomar conocimiento" del escrito después de que Moliner manifestara que el Ministerio ya le ha anunciado su intención de incluir al Supremo en el catálogo de órganos de relevancia constitucional.   

 Los magistrados de la Sala Primera del Supremo han elevado a la reunión un escrito similar, mientras que éste ha sido apoyado por 13 magistrados de lo Penal, 10 de lo Social y 2 de lo Militar. La Sala Tercera se ha abstenido por no estar contaminados en el caso de que este asunto termine con la interposición de un recurso contencioso ante este órgano.