El sindicato Manos Limpias, que este miércoles prevé presentar su escrito de responsabilidad civil en el marco del caso Nóos, solicitará al igual que la Fiscalía Anticorrupción cerca de dos millones de euros (8.189.448 millones en concreto) de fianza para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y su conglomerado de empresas de las que presuntamente se valieron para desviar los fondos públicos y privados que de forma ilícita habrían obtenido a través del Instituto Nóos.  

  Una caución a la que, en caso de ser acordada por el magistrado, deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria los imputados, lo que significa que cada uno podrá abonar de forma desigual su parte, o que sólo uno de ellos haga frente a la cantidad global, siempre que se asegure que serán depositados los 8,2 millones.  

   En el escrito de 30 páginas que Manos Limpias, personado en la causa como acusación popular, presentará ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, el sindicato detalla la forma en que "se disfrazó a Nóos con la careta del ánimo de lucro", a pesar de que "se creó específicamente" para acceder a distintos convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas de Baleares y Valencia y de esta forma defraudar el dinero público obtenido.

   Una "auténtica trama urdida para desviar fondos a su beneficio", incide Manos Limpias, que desglosa su petición de fianza en los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, entonces dirigida por el dirigente del PP Esteban González Pons, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.

   Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Gobierno balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa que por Ley deben exigirse (un tercio de la cantidad global solicitada).

   No obstante, el sindicato plantea como petición alternativa una fianza civil de 5,9 millones de euros de los que presuntamente se apropiaron los encausados a través de esta trama, urdida al aprovechar Urdangarin, tal y como postula Manos Limpias, su condición de miembro de la Casa Real para contactar con distintas personalidades políticas "de primer orden" a fin de dar a conocer sus "proyectos".

 MECANISMOS ADMINISTRATIVOS PARA "VESTIR EL SANTO"  

  Unas iniciativas que planteaban a las Administraciones para que éstas pusieran en marcha los mecanismos administrativos dirigidos a "vestir el santo" y maquillar las contrataciones para aparentar que fueron tramitados de forma legal, a pesar de que, en realidad, "no respondían a ni una sola de las normas administrativas" como tampoco a ningún interés público.  

  Tan sólo, prosigue el escrito, buscaban "el beneficio propio" del Duque de Palma y de los instrumentos que utilizó para ello, en referencia al Instituto Nóos. La acusación popular detalla así las "más que suficientes pruebas" que a su juicio demuestran que tanto el marido de la Infanta Cristina como Torres cometieron los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, entre otros ilícitos penales.  

  En concreto, el escrito se centra en los fondos que obtuvieron a través de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de la causa junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Gobierno balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.