La Dirección General de Prisiones de Cuba reconoce más de 90.000 presos, a los que hay que sumar las 37.458 personas en "otras situaciones de control judicial y policial", lo que arroja un total de 127.458 "entre convictos y condenados".

"Por tanto, Cuba sería en realidad el primer país por personas privadas de libertad del mundo, si el ranking del Institute for Crime and Justice Policy Research, en vez de contemplar un dato falso suministrado por 'Granma' de forma informal en 2012, tuviera en cuenta el dato real", han señalado ambas ONG. Quedaría por delante de Estados Unidos o El Salvador, entre otros.

Anualmente, se iniciarían más de 32.000 causas penales en Cuba, con entre 35.000 y 40.000 acusados, de los cuales más del 90 por ciento son declarados culpables, es decir, entre 32.000 y 37.000. Y, entre los culpables, el 69 por ciento es condenado a privación de libertad, ya sea prisión o "trabajo correccional", esto es, entre 22.000 y 25.000.

Las ONG han llamado la atención sobre los llamados "antisociales", "presos que no han cometido delito pero que se les declara en estado de peligrosidad --con posibilidad de cometerlo-- según se les observa un 'comportamiento contrario a la moral socialista'". "Son los vagos y maleantes de la ley franquista", ha aclarado Javier Larrondo, de Prisoners Defenders, en la presentación de los datos penitenciarios, que se ha hecho este lunes en un acto celebrado en Casa Árabe.

De acuerdo con dichas fuentes, hay 8.400 presos "antisociales" en estos momentos. Cada año se tratan 3.833 casos de este tipo con un nivel de condenas superior al 99,5 por ciento, de los cuales casi el 77 por ciento son internados: 2.929 con privación de libertad y 885 con medidas alternativas como trabajos comunitarios.

LOS 'ANTISOCIALES'

"Los presos por conducta antisocial sufren menores excarcelaciones anticipadas que el resto", han denunciando, explicando que "el propio Código Penal impide que los familiares o el propio asegurado soliciten la anticipación de su libertad, al contrario que en el resto de los casos".

Asimismo, han apuntado a los casos que se ventilan mediante "atestados directos", "procedimiento acusatorio que se usa con frecuencia por su celeridad y eficacia contra disidentes, emprendedores y cualquier tipo de persona que consideren un peligro urgente para el régimen, lo que conlleva no solo la prisión preventiva, sino procesos sumarísimos".

Además, han destacado que, "al mismo tiempo que esta tendencia represiva, existe una voluntad política explícita de excarcelar crecientemente a reclusos, debido a la superpoblación carcelaria y los costes que esto conlleva, ya desde antes de 2017".

Así, unos "21.600 reclusos comunes obtienen al año beneficios de excarcelación anticipada en Cuba", de los cuales entre 2.000 y 3.000 salen de prisión vía indulto presidencial". A este respecto, Larrondo ha recalcado que "nunca son presos políticos".

"De esta manera Cuba mantiene una política de rigor penal al tiempo que drena las cárceles de reclusos. Este doble juego sirve al propósito del Ministerio de Interior de mantener el orden (...) al tiempo que no se aumentan en exceso los gastos que esto conlleva", han enfatizado.

DIÁLOGO VS. "ESTALLIDO SOCIAL"

En este contexto, Edel González, jurista cubano que llegó a presidir el Poder Judicial en una provincia y a formar parte de la reserva especial para dirección del Tribunal Supremo pero que desde 2018 se encuentra en Perú, ha propuesto iniciar un diálogo sobre Derechos Humanos para corregir "errores".

"Yo soy un jurista cubano, no vengo a hablar por parte del Gobierno o de la oposición, vengo a reflejar un eco de voces que están presentes en Cuba y que muchas veces, por el temor a la expresión, no se escuchan", ha dicho.

González ha considerado que "hay un conflicto entre el Estado y el ciudadano" en Cuba debido, por un lado, a motivos ideológicos y, por otro, a la situación económica, de la que ha culpado tanto al "bloqueo interno" como al de Estados Unidos.

En el ámbito ideológico, ha argumentado que el mero hecho de que la Constitución declare "irrevocable" el modelo socialista implica que "el que tenga una ideología distinta no tiene cabida". Cuando se expresa "cualquier tipo de opinión en materia de Derechos Humanos, sin que se esté vinculado a ningún país extranjero, se nos declara enemigos y somos perseguidos", ha reconocido.

En este sentido, ha reclamado al Tribunal Supremo un "acto honorable" hacia los 126 presos políticos que han documentado Civil Rights Defenders y Prisoners Defenders, de modo que se revisen sus casos para comprobar si han sido condenados por delitos comunes y en procesos justos.

González ha mencionado también una coyuntura económica que obliga a los cubanos a "sobrevivir". Como ejemplo, se ha referido a los "cuentapropistas", que sufren "muchas limitaciones" que a veces les obligan a acudir al "mercado negro" e incurrir en delitos comunes.

Ello ha provocado una "aceptación social" del delito. "En cualquier país que te condenen es reprochable. En Cuba incluso se solidarizan con esas personas y sus familias porque no ven que sea una falta moral, sino una necesidad", ha ilustrado.

González ha denunciado que al mismo tiempo que la situación económica empeora para el ciudadano de "a pie", hay "un grupo de personas que tienen poder" y ello les da un acceso privilegiado a los servicios públicos, como la sanidad.

Todo esto ha propiciado un éxodo de más de tres millones de cubanos, entre los que se cuenta él, que muchas veces se ven abocados a la "explotación" porque "trabajan en cualquier país y en cualquier condición con tal de poder mandar 25 o 30 dólares a su familia" en la isla.

González ha advertido de que la pérdida de este "capital humano" tiene consecuencias graves sobre el país, cuya población sufre un "proceso de envejecimiento" por el cual "ahora mismo todo el trabajo recae sobre personas de entre 45 y 60 años".

"ESTAMOS A TIEMPO"

Esta "contradicción entre la ley y la realidad" ha hecho, según González, que crezca la conflictividad y que cada vez más cubanos pierdan el "miedo" a expresarse, lo que --ha augurado-- "puede llevar a un estallido social".

González ha recordado que este escenario ya se ha producido en países de la región, mencionando específicamente a Venezuela. "Yo no quiero eso para Cuba (...) No quiero sangre en las calles, no quiero gente en las cárceles", ha declarado.

Para evitarlo, ha propuesto "un proceso de conversaciones sobre Derechos Humanos entre personas del sistema institucional y otras personas, no solo opositores", para "integrar la diversidad" evitando que tome otros cauces.

Aunque ha reconocido que la cúpula cubana es reacia a cualquier cambio porque "temen que eso acabe con el sistema actual", ha aseverado que hay muchos dirigentes que creen que este diálogo es necesario. "Todavía estamos a tiempo", ha arengado.