El 70 por ciento de los jueces y magistrados, secretarios judiciales y funcionarios de la Administración de Justicia considera que la Ley de Servicios y Colegios Profesionales tendrá un impacto "perjudicial" para el servicio público, que perderá agilidad y acarreará un mayor coste para el ciudadano. Y el 53 por ciento se opone que a los abogados puedan compatibilizar su cargo con el de procurador como propugna el anteproyecto.

   Así lo refleja la encuesta de Sigma Dos que ha sido presentada este miércoles por el presidente del Consejo General de Porcuradores de España (CGPE), Juan Carlos Estévez, y que arroja como conclusión que la reforma impulsada por el Ministerio de Economía "no satisface a nadie dentro del sector judicial".

   Más de dos tercios de los profesionales coinciden en que el procurador es una "pieza clave" para una Justicia ágil y eficaz y la gran mayoría valora su trabajo positiva o muy positivamente, frente a un 23 por ciento que piensa que no ayudan a agilizar los procedimientos.

   El 53 por ciento se opone a que el trabajo de los procuradores pueda ser realizado indistintamente por un procurador o un abogado, mientras que el 26,7 por ciento de los encuestados es favorable a la compatibilidad. Estévez advierte de que esta propuesta "supondría la desaparición paulatina de la profesión".

   "Somos 10.000 procuradores y nos irían enguyendo progresivamente sin abaratar los costes porque su función sigue existiendo", señala Estévez, que califica de "nefasta" y "preocupante" la idea del anteproyecto y expone que los honorarios que cobran los abogados cuando la ley les permite hacer labores de representación son "cinco veces mayores" que las de los procuradores.

   Pero además la reforma conllevará una pérdida de calidad y un mayor gasto para la Administración y para los ciudadanos. "Como siempre, los paganinis de un error legislativo serán los ciudadanos, que son la clientela de la Administración de Justicia", señala el presidente de la Procura.

   Esta opinión es compartida por una amplia mayoría de funcionarios y fedatarios públicos, que cree que si los colegios de procuradores dejan de asumir los gastos íntegros de notificación, la Administración tendrá que hacerse cargo y aumentará el coste para el contribuyente.

   Para un 73,7 por ciento de los entrevistados, la eliminación del sistema de aranceles y la liberalización de los precios provocará un encarecimiento de los procesos; mientras que para un 65,2 por ciento, la liberalización dificultará el control ético dela profesión y facilitará el intrusismo y la competencia desleal.

   Más de la mitad de los encuestados entiende que la reforma supondrá mayores dilaciones en los procedimientos e incrementará "exponencialmente" la presencia de abogados en las oficinas judiciales. Los funcionarios tendrán que atenderles mermando su tiempo para tramitar las causas.

   "Nos encontramos con una situación que más o menos funciona. ¿Qué conseguimos con esta ley? Nada, empeorar la situación", remata Estévez, que concluye que la economía no puede priorizar sobre los derechos de los usuarios de la Justicia.