Zapatero, por su parte, avanzó el pasado viernes que su "predisposición es favorable a que la Generalitat pueda tener una financiación razonable" pero advirtió de que para ello "tiene que haber una corresponsabilidad por parte del Gobierno de la Generalitat clara, nítida, sobre la reducción del déficit y compromisos concretos y estrictos temporales".

   El propio presidente ya dijo hace dos semanas que la emisión se autorizaría si Cataluña presenta un plan de ajuste adecuado. La Generalitat ya ha remitido un plan, con el que pretende reducir su déficit al 1,3 por ciento del PIB en 2011 --frente al 3,6 por ciento estimado para 2010--, pero éste aún está siendo estudiado por el Ministerio de Economía y Hacienda.  

  De hecho, el viernes, desde Bruselas, reiteró que permitir o no una nueva emisión de deuda de la Generalitat no será una decisión "política", sino basada en criterios estrictamente financieros. Para Zapatero, será posible "establecer las bases" y llegar a un "entendimiento razonable" en el Ministerio de Economía, entendimiento que tendrá "una perspectiva progresiva en el tiempo en función de cómo evolucionen las propias circunstancias financieras de la Generalitat".  

  El Gobierno central no deja de recordar en estos días que todas las administraciones tienen que ser responsables para mantener a raya el gasto público. Es más, Zapatero advirtió en una entrevista con el Financial Times que el Estado tomará medidas con las comunidades autonónomas que no cumplan con el déficit previsto, y el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha subrayado que el Gobierno no permitirá a Cataluña seguir endeudándose si lo incumple.  

  Ambas manifestaciones generaron una fuerte inquietud en CiU y a ello se suma el hecho de que para la Generalitat una nueva emisión de deuda es indispensable para afrontar los pagos a funcionarios y proveedores y, por eso, el president defenderá el plan de austeridad que prevé reducir su gasto en un 10% respecto a 2010.   

Precisamente, la Mesa del Parlament admitió el viernes a trámite el proyecto de ley para que la Generalitat pueda endeudarse por un importe máximo de 2.613 millones de euros mientras dura la prórroga de los presupuestos de 2010.

   El proyecto de ley de Autorizaciones Financieras y Normas Presupuestarias y Tributarias durante el periodo de prórroga presupuestaria fue aprobado el martes por el Govern, y se ha incluido en el orden del día del pleno del miércoles por el procedimiento de lectura única.  

  En pocas semanas, además, estará listo el informe que ha encargado el Govern para evidenciar aquellas obligaciones de gasto público que tiene la Generalitat como consecuencia de normativas impulsadas desde el Estado sobre asuntos de competencia autonómica.   

Mas afronta la reunión consciente de que Zapatero afronta su último año de legislatura y que la candidatura del PSOE en las generales es un interrogante, pero su intención es que el encuentro sea más que una primera reunión protocolaria.  

  Por su parte, el Gobierno central desea que esta primera reunión sirva para impulsar la relación entre las dos administraciones, para "sumar fuerzas para salir de la crisis, o para crecer y crear empleo", en palabras del vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba.

   Para el Ejecutivo central el que las elecciones catalanas hayan quedado atrás ha supuesto abrir la puerta a ampliar el abanico de sus alianzas parlamentarias y, de hecho, ya pudo contar con CiU para supera el primer trámite parlamentario de las reforma de las pensiones -las recomendaciones de la comisión del Pacto de Toledo_, antes de que el Ejecutivo cerrase su acuerdo con los sindicatos y la patronal.

TRASPASOS A REVISAR Y PENDIENTES   

Por otro lado, Mas reclamará a Zapatero nuevos traspasos de competencias por entender que, de la lista de 40 traspasos derivados del Estatut, 29 están aún pendientes y otros seis deben ser revisados. Mas que sólo da por bien realizados un total de cinco.  

  En concreto, pedirá el traspaso de la competencia en becas para estudios universitarios y no universitarios; la evaluación de la calidad de las universidades; la ampliación de funciones, medios personales y materiales en justicia; la formación sanitaria especializada; la autorización de laboratorios farmacéuticos; la protección datos de carácter personal; protección civil; salvamento marítimo, y funciones y servicios de la Seguridad Social.

   También pondrá encima de la mesa seis traspasos que quiere revisar, entre los que sobresale el de Cercanías y Regionales que hizo el tripartito, que CiU siempre ha calificado de insuficientes por considerar que se hicieron sin la titularidad de trenes, vías y estaciones.

   Mas quiere revisar también el traspaso de funciones y servicios de inmigración; la declaración de utilidad pública de asociaciones y aplicación de los beneficios fiscales a asociaciones y fundaciones; la ordenación y gestión del litoral; comunicaciones electrónicas e inspección de telecomunicaciones, y el de Hospital Clínico.