El Gobierno autorizará matrimonios y divorcios ante notario a través de una reforma del Código Civil que incluirá la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria, fijando un arancel de 95 euros por enlace, si bien en el último caso estará sujeto a que no existan menores y se produzca de mutuo acuerdo entre la pareja.

   Así lo ha anunciado el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, asegurando que se trata de una medida que permitirá agilizar las listas de espera del Registro Civil con "un coste asumible dentro del coste general de celebración de una boda".

   Gallardón ha explicado que no se trata de una privatización, puesto que se trata de un nuevo servicio público que, al igual que otros, puede ser gratuito o estar sujeto a un precio. En este caso, ha recordado que los 95 euros es un precio inferior al propuesto por algunos ayuntamientos que optan por cobrar estos servicios (puesto que son libres para fijar tasas por matrimonio).

   "Con esta medida los registros civiles se verán descongestionados como ya pasó cuando se habilitó a los ayuntamientos y la idea es que no haya diferencia en la calidad del servicio", ha recordado el ministro, quien ha apuntado que también supondrá ventajas como el hecho de que a partir de ahora pueda desplazarse el notario, algo que resultaba imposible para otros funcionarios públicos.

   Hasta ahora, en España existían tres vías para la celebración del matrimonio: uno ante las confesiones religiosas con convenio en España,  cuya celebración se inscribía en el registro; otro el proceso civil ante el encargado del registro civil (juez); y otro la celebración ante alcaldes o concejales.

   "Hay una nueva oferta de servicios y había que fijar el arancel, que el Gobierno prevé fijar en 95 euros por cada matrimonio. Es una cantidad asumible dentro del coste general de celebración de una boda y no es un negocio jurídico que se practique con mucha frecuencia", ha resaltado.

   En el caso del divorcio, Ruiz-Gallardón ha reiterado que únicamente podrá hacerse ante notario en los casos en los que no existan menores y exista mutuo acuerdo entre los dos cónyuges, ya que se tratan de casos en los que el convenio regulador no contempla la intervención del fiscal.

16 AÑOS PARA EL MATRIMONIO

   Por otro lado, el Gobierno también incluirá otra modificación en el Código Civil a través de esta futura ley para elevar de 14 a 16 años la edad legal para contraer matrimonio. Según el ministro, esta iniciativa pretende establecer un criterio homogéneo con la inmensa mayoría de legislaciones en el entorno internacional. "Ha sido un proceso de larga reflexión y es una propuesta en defensa de las menores", ha añadido.

   Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Movimiento Natural de la Población, el año pasado se casaron en España 268 menores de edad, de los que 81 tenían 15 años o menos.

   En concreto, la estadística revela que en 2012 contrajeron matrimonio 19 niños y 18 niñas que tenían menos de 15 años y otros 19 niños y 25 niñas con esta edad ya cumplida. Asimismo, se casaron 15 chicos y 43 chicas a sus 16. Con 17 años se casaron 21 chicos y 64 chicas, según los mismos datos.

   Por último, Gallardón ha anunciado la desaparición del término "incapaz" a la hora de referirse a las personas con discapacidad en el Código Civil, siendo sustituido por "personas con capacidad judicialmente complementada". "Es mucho más que un cambio de nombre que responde a una reiterada exigencia de este colectivo", ha concluido.

SUSTRACCIÓN DE MENORES

   Por otro lado, el Ministerio de Justicia ha señalado que la revisión de los procedimientos de jurisdicción voluntaria ha concluido que en los casos de sustracción internacional de menores siempre hay controversia entre los progenitores. Por eso, se ha procedido a reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para regularlo como un proceso propio e independiente fuera de la jurisdicción voluntaria.

   Serán los Juzgados de Primera Instancia con competencias en Derecho de Familia los encargados de dar respuesta a estos conflictos, en los que en un primer momento existirá la posibilidad de que se solucionen de forma amistosa.