Durante la última semana se ha especulado con la posibilidad de que este paquete de medidas para poner fin a la crisis de confianza en la eurozona incluya además forzar el rescate de Portugal y dar una línea de crédito preventiva a España o al menos establecer una vigilancia reforzada sobre ambos países.

Desde la Comisión y el Consejo se ha descartado esta posibilidad dado que la prima de riesgo de ambos países ha mejorado en las últimas semanas, aunque también se resalta que una vez se flexibilice el fondo se "desdramatizará" cualquier petición de ayuda.

   De momento, las pretensiones de Merkel ya han chocado con Durao Barroso, que teme que el Pacto de Competitividad margine a las instituciones comunitarias. Pero Alemania cuenta con el apoyo de otros países de la eurozona, como Países Bajos, Austria o Finlandia, que son reacios al aumento del fondo de rescate y creen que la solución es un mayor ajuste fiscal en los países periféricos. Por su parte, España considera "razonable" que Berlín exija una mayor coordinación de políticas económicas.

   En todo caso, los países de la UE ya han descartado incrementar la dotación total del fondo de rescate, pese a que algunos Gobiernos como el belga habían sugerido incluso duplicarlo hasta 1,5 billones de euros para disipar las dudas de los mercados sobre si habrá bastante dinero si España y Portugal necesitan asistencia. Las negociaciones se concentran ahora, tal y como quiere Berlín, en aumentar la capacidad de financiación del mecanismo.   

En estos momentos, la capacidad real de financiación del tramo intergubernamental del fondo (440.000 millones de euros) es de sólo 250.000 millones, ya que necesita mantener reservas de capital para no perder su máxima nota crediticia. Para alcanzar la cifra global, Berlín defiende que los países triple A aporten más garantías y que el resto de Estados de la eurozona, entre los que estaría España, aporten capital.  

  Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea avanzarán en las negociaciones para ampliar el fondo de rescate de 750.000 millones de euros creado en mayo para los países de la eurozona con problemas de deuda. También discutirán flexibilizar su uso, de manera que pueda comprar bonos y dar líneas de crédito preventivas a los Estados miembros en dificultades, tal como pide España, o incluso proporcionarles financiación para que recompren sus títulos de deuda.

   Pese a que ya hay un principio de acuerdo entre los países de la eurozona sobre estos cambios y a que el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, pidió públicamente a los Veintisiete que cierren un acuerdo sobre el fondo de rescate en el Consejo Europeo de este viernes, los líderes europeos aplazarán la decisión final a la próxima cumbre que se celebra a finales de marzo a petición de Alemania.  

  El motivo es que Berlín exige como contrapartida a la ampliación del fondo que los países periféricos se comprometan a más ajustes fiscales y a realizar en un plazo de un año una serie de reformas económicas con el objetivo de evitar nuevas crisis de deuda. Entre ellas destacan el retraso de la edad de jubilación, como ya ha hecho España, la supresión de las cláusulas automáticas de revisión salarial y de las pensiones ligadas a la inflación, la fijación por ley o incluso en la Constitución de un límite para el déficit y la subida de impuestos como el de sociedades.

REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA

   En la actualidad, este fondo sólo puede utilizarse para rescatar a un país cuando ya no logra refinanciar su deuda en los mercados con un programa de 3 años. A cambio, el Estado miembro debe someterse a un duro ajuste diseñado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), como el que se aplica en Grecia o Irlanda.  

  Para evitar llegar a un rescate, los líderes europeos estudian varias opciones de flexibilización del mecanismo. En primer lugar, que el fondo de rescate pueda comprar la deuda emitida por los países con problemas, tomando así el relevo del Banco Central Europeo (BCE). La segunda opción es conceder líneas de crédito temporales preventivas como las que ya contempla el FMI y de las que se han beneficiado países como México o Polonia.  

  Este tipo de ayudas, que han sido reclamadas por España, se concedería a los países que están cumpliendo sus objetivos de recorte del déficit público pero que siguen castigados en el mercado por falta de confianza, sin exigir ajustes adicionales. Y se evitaría el estigma de un rescate que implica quedar bajo la tutela de la UE y del FMI.

   En tercer lugar, los líderes europeos sopesan permitir que el fondo de rescate preste dinero a Grecia o Irlanda para que puedan comprar sus propios bonos a inversores o al Banco Central Europeo (BCE). Con estas recompras, los Estados miembros adquirirían sus bonos a un precio inferior a su valor nominal, aplicando de hecho una quita a su deuda. Al mismo tiempo, reducirían su carga de deuda pendiente y rebajarían el tipo de interés.   

Al tratarse de una operación voluntaria, los líderes europeos esperan no inquietar a los inversores, que temen medidas más drásticas como reestructuraciones forzadas o quiebras controladas, y que estarían dispuestos a vender para evitar más pérdidas en el futuro.

   Finalmente, los países de la eurozona también negocian rebajar el tipo de interés que cobran a Grecia (5,2%) e Irlanda (5,8%) por sus respectivos rescates (de 110.000 millones y 85.000 millones, respectivamente), así como extender el periodo de devolución incluso hasta 30 años.

ENERGÍA E INNOVACIÓN

   Las discusiones sobre la crisis de deuda en la eurozona, que tendrán lugar durante el almuerzo de los líderes europeos, eclipsaran los otros dos temas previstos en el orden del día del Consejo Europeo: la energía y la innovación.

   En materia de energía, los líderes europeos se comprometerán a finalizar todas las interconexiones necesarias para que ningún Estado miembro quede aislado de las redes europeas de gas y electricidad después de 2015.

   Bruselas estima que para completar los proyectos prioritarios, entre los que se encuentran las interconexiones eléctrica y gasista de España con el resto de Europa, se necesitan al menos 19.000 millones de euros para gaseoductos y 6.000 millones para red eléctrica antes de 2013. Esta cifra se dispara hasta 1 billón de euros para el periodo hasta 2020.

   Sin embargo, la UE no prevé un mayor presupuesto público para estos proyectos en las próximas perspectivas financieras para 2014-2020 sino que espera que la mayoría del dinero venga de la iniciativa privada o de redirigir fondos regionales.

Otro de los objetivos es reducir la dependencia respecto a Rusia, que ya ha provocado que un par de inviernos varios Estados miembros se queden sin gas por las disputas de Moscú con Ucrania. Para ello, la UE apuesta por impulsar el denominado corredor sur, que permita traer gas directamente del mar Caspio.  

  En materia de innovación, el último ranking publicado por Bruselas esta semana pone de relieve que la UE no consigue alcanzar a Estados Unidos y Japón y que algunas potencias emergentes como China o Brasil están recortando distancias. Entre los Estados miembros, España sigue a la cola al ocupar el puesto 18 de 27. Los líderes europeos volverán a insistir en que la inversión en I+D+i es imprescindible, aun en periodo de crisis, para aumentar la competitividad de la economía europea.