El manifiesto publicado en la web de la Asociación de Militares Españoles (AME), se ha hecho público este viernes, después de que Sánchez haya tomado posesión de su cargo. Los firmantes justifican su petición con el artículo 8.1 de la Constitución que, en relación a las Fuerzas Armadas, tiene la misión de "defender el ordenamiento constitucional", que ven en "grave peligro por la falta de independencia judicial".

"Pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional la destitución del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, lo que sometemos a la consideración de la ciudadanía española al objeto de prevenirla y de que tome conciencia de la gravedad de la situación actual", reza el texto.

En el texto, los militares retirados, que se declaran "preocupados por el devenir de España", denuncian el "acoso al Estado de Derecho al copar el poder Ejecutivo la mayoría de los órganos judiciales", lo que "anula la independencia del poder judicial y la separación de poderes".

Así, hacen alusión al Tribunal Constitucional, "compuesto parcialmente por magistrados que recientemente han detentado relevantes cargos políticos en el Poder Ejecutivo, lo que anula su neutralidad". "La extralimitación de las funciones de este tribunal, asumiendo el papel corrector de las sentencias del Tribunal Supremo, función que no le corresponde al no estar integrado en el poder judicial". De su presidente, Cándido Conde-Pumpido, recalcan también que "tiene antecedentes que no permiten la neutralidad de sus acciones".

A renglón seguido, hablan de la Fiscalía General del Estado, "proclive a la asunción permanente de los dictados del Poder Ejecutivo y en contra de su misión, que es la de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independnecia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social".

CONTRA LA AMNISTÍA

Del mismo modo, los militares retirados critican los indultos "para los delincuentes del golpe de Estado de octubre de 2017", la supresión de la sedición y la reforma de la malversación "solamente por intereses político". Pasan después a la amnistía pactada por el Gobierno con los partidos independentistas, que beneficiará a los implicados en el 'procés' desde 2012, y aseguran que no tiene cabida en la Constitución.

Insisten en que eliminaría la igualdad ante la ley y borraría los delitos de octubre de 2017 "por el solo interés personal" de Sánchez para ser investido presidente del Gobierno. Esto, ven, "deja inerme al Estado de Derecho al anular las sentencias y procedimientos en vigor de los delincuentes protagonistas de dicho golpe".

"La posible ruptura de la unidad de la nación, única e indivisible, al aceptar para la citada investidura la celebración de un referéndum de autodeterminación, y habiendo aceptado la denominación para Cataluña de 'minoría nacional' con los privilegios que conlleva en el Derecho Internacional", añaden.

Además, censuran "el ataque a las Fuerzas Armadas, con la cesión de cuarteles y eliminación de los desfiles militares", entre otros asuntos, y el "desprecio a los Cuerpos y Furzas de Seguridad del Estado" por la "desaparición de la Guardia Civil de Navarra, la cesión de comisarías en Cataluña y la violación continuada de las fronteras por inmigrantes ilegales, sin que el Gobierno las defienda debidamente". Y, respecto a la política internacional, señalan "el desprecio a las Cortes" por el "sorprendente" cambio de criterio sobre el Sáhara.