Jueves, 25 de abril de 2024

Tras la oleada de paquetes bomba

Ministros de Interior de la UE debaten sobre seguridad en aviones de carga

  En encuentro, al que está prevista la asistencia del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se revisarán las conclusiones a las que llegaron el pasado viernes los expertos en seguridad aérea de los Veintisiete, aunque no se espera que se aprueben todavía medidas concretas, informaron fuentes diplomáticas.  

  Los expertos se han comprometido a que el incremento de las inspecciones no sea generalizado sino selectivo y dependa de factores como el riesgo previsible, la calidad de los controles en anterior punto de procedencia, la ruta, el tipo de envío y el remitente, el tipo de vuelo (con pasajeros o sólo con mercancía) y los aeropuertos de conexión.

   El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Transportes, Siim Kallas, ha pedido a los gobiernos "no dejarse llevar por el pánico" y estudiar medidas "proporcionadas y adecuadas" a los riesgos.  

  Kallas ha opinado que "no sería inteligente" añadir más niveles de seguridad en los procedimientos del transporte de mercancías porque complicaría su aplicación a nivel operativo y se haría "duro" para las aerolíneas y aeropuertos. En paralelo ha apuntado que el 60% del volumen de mercancías que se mueve en la UE se transporta en aviones regulares de pasajeros.

   La discusión de los ministros de Interior servirá de base para el trabajo de los expertos en seguridad aérea, que vuelven a reunirse el 11 de noviembre. Se espera que las nuevas medidas de seguridad, si se consideran necesarias, se adopten en el Consejo de Transportes que se celebrará el 2 de diciembre.  

  Los ministros del Interior de la UE aprobarán además este lunes suprimir la exigencia de visado para los ciudadanos procedentes de Albania y Bosnia por considerar que ambos países han cumplido todos los requisitos de seguridad que se les habían exigido. No obstante, como todavía hay varios Estados miembros que recelan del riesgo de movimientos incontrolados de personas procedentes de estos países, la Comisión se comprometerá a establecer un mecanismo de vigilancia reforzado que se extenderá al resto de países de los Balcanes.  

  También está previsto que se discuta la situación de Grecia, donde la UE acaba de enviar, a petición de Atenas, a 175 especialistas en control de fronteras para ayudarle a contener la creciente presión migratoria en su frontera terrestre con Turquía, en particular en el tramo de 12,5 kilómetros próximo a la ciudad de Orestiada, donde se acumulan cientos de inmigrantes que intentan entrar en territorio comunitario.

   Los Veintisiete negociarán asimismo la propuesta de la Comisión para reforzar el papel de la Agencia de Control de Fronteras (FRONTEX) en la lucha contra la inmigración ilegal, aunque no se espera todavía un acuerdo. La nueva norma obligará a los Estados miembros a ceder más aviones, barcos y personal a FRONTEX para sus patrullas marinas y permitirá a la Agencia incluso comprar o alquilar el material que necesite.  

  El Ejecutivo comunitario presentará además su propuesta para aumentar la vigilancia sobre los productos químicos de uso común que pueden emplearse también para explosivos de fabricación artesanal. España está satisfecha con esta iniciativa porque incluye algunos de los precursores que utiliza ETA, como la cloratita o el nitrato de amonio, y también los que usan los terroristas islamistas.  

  Los ministros del Interior examinarán el grado de preparación de los diferentes estados miembros para iniciar el intercambio automático de información policial sobre huellas, perfiles de AND y matrículas que se acordó en el denominado Tratado de Prüm. España cumple las exigencias en los tres campos, pero la mayoría de países están retrasados.

   El martes cogerán el relevo los ministros de Justicia de la UE, que examinarán propuestas legislativas para luchar contra la ciberdelicuencia, facilitar el intercambio de pruebas entre Estados miembros en investigaciones penales y reforzar el derecho a la información a los acusados en procedimientos penales, aunque todavía no se adoptará ninguna decisión.


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