y un nuevo "quehacer político", para flexibilizar en una décima, hasta el 0,6% del PIB, el déficit público autonómico para 2017, desde el 0,5% fijado en la última reunión de abril.

Así lo ha señalado Montoro en la rueda de prensa posterior a la reunión del CPFF, que se ha prolongado algo más de tres horas, en la que ha destacado que "no ha habido enfrentamientos o choques" en relación a la persecución de objetivos, sino "coincidencia" de que "con independencia de ideologías políticas es común que hay que seguir reduciendo el déficit público".

"Algo hemos convencido, pero también nos han convencido, nuestra idea era un 0,5% y al final ha sido un equilibrio entre convencer y ser convencidos", ha valorado Montoro, tras reconocer que, a pesar de las "discrepancias", esta legislatura "va a ser eso", al estar "definida claramente en esos parámetros".

"Creo que es una oportunidad la obligación de entenderse del Gobierno con el resto de los gobiernos autonómicos y municipales y entre grupos políticos", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que ha sido un Consejo que "marca una nueva etapa y quehacer político" tras unos resultados en los que ha habido "bastante cuerdo de fondo" para llegar a establecer los objetivos de déficit, al haberse opuesto solo tres comunidades (Valencia, Cataluña y Baleares) lo que refleja un "clima de coincidencia".

"La consecución de esos objetivos es absolutamente fundamental para la credibilidad de España, del Estado de autonomías, afianzar la recuperación económica y la creación de empleo en los años siguientes a partir de 2017 y para que todas administraciones públicas sigan reduciendo el déficit, asegurando la financiación de servicios públicos", ha remachado.

El ajuste acordado en la reunión del CPFF, presidida por Montoro y, por primera vez, también por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, se sitúa en un punto intermedio entre el 0,5% de déficit que planteaba el Ministerio de Hacienda y el propuesto de un 0,6% o un 0,7% (el mismo porcentaje fijado para este año) que reclamaban los consejeros de Hacienda socialistas, que se han abstenido en la votación.

"Lo importante es que tengamos unos objetivos, proponerlos y llevarlos a la consideración de las Cámaras, primero en Congreso y luego Senado, lo necesitamos hacer para movilizar la financiación antes de la Navidad para que ninguna comunidad pueda dejar sin atender a sus proveedores y puedan seguir prestando normalmente sus servicios", ha insistido Montoro.

SE MANTIENE EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

PRESUPUESTARIA EN 2019

A pesar de relajar la senda de consolidación fiscal para el próximo año, el Gobierno ha mantenido la exigencia de que las comunidades alcancen el equilibrio presupuestario dentro de tres años.

En concreto, los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para el próximo trienio son de un déficit del 0,6% en 2017 y del 0,3% en 2018, para alcanzar la estabilidad presupuestaria en 2019. También se han fijado el objetivo de deuda pública de las CC.AA. para este año, en un 24,4% del PIB nacional, así como para 2017 (24,4%), 2018 (24,1%) y 2019 (22,7%).

En la última reunión del Consejo, celebrada el pasado 28 de abril, con el Gobierno todavía en funciones, los objetivos de déficit autonómico eran del 0,5% en 2017, 0,3% en 2018 y 0% en 2019, con una deuda del 23,9% en 2017, 23,4% en 2018 y del 22,5% en 2019.

De esta forma, las CC.AA. han conseguido algo más de 1.000 millones de margen presupuestario para 2017 respecto al déficit del 0,5% acordado en abril, y el objetivo supone más del doble que el que en un principio estaba fijado (0,1%), si bien el 0,6% finalmente pactado es una décima inferior al del año pasado.

A la reunión del CPFF han asistido en total 15 consejeros autonómicos, y en la votación se han abstenido las regiones de Valencia, Cataluña y Baleares, se han abstenido Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y Aragón, y han votado a favor la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Canarias, La Rioja y Murcia. De su lado, País Vasco y Navarra no pertenecen al régimen fiscal común.

LAS ENTREGAS A CUENTA Y LA REGLA DE GASTO

Algunos de los consejeros han expresado su disconformidad con que no se haya incluido entre los puntos de la reunión las entregas a cuentas para facilitar la elaboración de los presupuestos autonómicos, si bien la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha comprometido a llevar a la Conferencia de presidentes del año que viene las reglas de gasto y la reforma del modelo de financiación autonómico.

No obstante, Montoro ha explicado que el Ejecutivo no puede actualizar las entregas a cuenta hasta que no se disponga de los Presupuestos de 2017, ya que "en un año normal a estar alturas del año está avanzada la tramitación" de las cuentas.

El titular de Hacienda también ha destacado la "eficacia" de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la regla de gasto, sobre el que ha avanzado la intención del Ejecutivo de modificar la regla de gasto a medida que se vaya planteando esa reforma en el ámbito europeo.

En la reunión de este jueves se ha propuesto la creación de un grupo de trabajo que siga la evolución de la regla de gasto y eleve las propuestas a instancias europeas, ya que el Gobierno participa en la modificación de las reglas de gasto, que se hará efectiva en los primeros meses de 2017, ha precisado Montoro.

Sobre este punto ya informó ayer el Gobierno al pleno de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en el que se comunicó la nueva senda de consolidación fiscal que no afecta al objetivo de déficit de las entidades locales, al mantenerse en el 0% previsto antes de la revisión. El objetivo de deuda pública del conjunto de las entidades locales marcado es del 3% del PIB este año, el 2,9% en 2017, el 2,8% en 2018 y el 2,7% en 2019.

"ESPÍRITU DE COINCIDENCIA" Y TECHO DE GASTO

Con este acuerdo sobre el déficit autonómico, se da el primer paso del llamado ciclo económico, que continuará mañana su andadura en el Consejo de Ministros en el que se aprobará el límite de gasto no financiero de 2017, que rondará los 118.000 millones de euros, 5.000 millones menos de lo que se aprobó para este año, por el ahorro por los menores intereses de la deuda, el acuerdo de no disponibilidad y el adelanto del cierre del ejercicio presupuestario.

De igual forma, aprobará un real decreto de medidas tributarias para recaudar 8.000 millones de euros más, que afectará básicamente el Impuesto sobre Sociedades y a los impuestos especiales que gravan el alcohol y el tabaco, al tiempo que se creará una nueva figura impositiva para gravar las bebidas azucaradas.

El ministro ha asegurado que se trabaja para alcanzar acuerdos políticos como el del CPFF, y que el Gobierno pretende que continúe el "espíritu de coincidencia" dentro de las "diferencias". "En esta legislatura es obligado coincidir, sino es imposible nada llevar adelante, ninguna iniciativa legislativa, el presupuesto o definir los objetivos de déficit autonómico", ha enfatizado.

El PSOE reivindica que ha sido su presión la

que ha llevado al Gobierno a dar más margen

a las CCAA

El PSOE ha reivindicado que ha sido la presión que ha ejercido sobre el Gobierno la que ha permitido la décima más de margen de déficit aprobado para las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este jueves, que pasa del 0,5 al 0,6%. El objetivo se ha aprobado con la abstención de las comunidades socialistas salvo Baleares y Comunidad Valenciana, que han votado en contra.

Fuentes socialistas han reivindicado que se están logrando "objetivos" que benefician a la sociedad española, en concreto, el déficit para las comunidades y la subida del salario mínimo interprofesional un 8%, hasta los 707,6 euros.

Las mismas fuentes también han destacado que los ayuntamientos vayan a participar en un grupo de trabajo con Hacienda, las comunidades autónomas y la Autoridad Fiscal Independiente para revisar el cálculo de la regla de gasto, una reivindicación de la Federación Española de Municipios y Provincias que preside el socialista Abel Caballero.