La Ley de Transparencia consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según figura en el texto dado a conocer por el Ejecutivo.

   La comisión de estas infracciones tendrá como consecuencia sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves podrán ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años.

   La norma establece que el órgano competente para "ordenar la incoación" cuando los altos cargos tengan la condición de miembro del Gobierno o de secretario de Estado será el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Hacienda. En los demás supuestos, el órgano competente será el titular de Hacienda.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que entre las sanciones que figuran en la Ley está la relativa a "la pérdida de la condición de alto cargo". "La inhabilitación, como es una pena, la hará un órgano jurisdiccional", ha aclarado.   Hace un par de meses, se preguntó a la portavoz si, en caso de que un consejero no envíe un plan de ajuste a Hacienda, el responsable podría ser el  presidente autonómico. Santamaría hizo hincapié en que "el responsable solo puede ser el competente". "La competencia determina la responsabilidad", recalcó entonces.

AFECTA A LOS ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS PUBLICOS 

 Tras recordar que la norma se sometió durante 15 días a un proceso de consulta pública -que recibió alrededor de 3.700 aportaciones de particulares y organizaciones-, la vicepresidenta ha señalado este viernes que el Gobierno "ha aceptado" la sugerencia de "muchos ciudadanos" para que se someta a la futura norma a los colegidos profesionales como corporaciones de derecho público. También se incluirá a los adjudicatarios de contratos públicos que llevan a cabo la gestión de responsabilidades administrativas.

   Sin embargo, Sáenz de Santamaría ha admitido que, pese a las solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda fuera del margen de aplicación de la Ley de Transparencia por no ser una administración pública. Según ha destacado, la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".

   Entre las novedades hay un impulso de la adopción de mecanismos que garanticen la accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada; se amplía la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que tendrá que incluirse lo relativo a los contratos; y se establece la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.

   La portavoz del Ejecutivo ha señalado que han decidido mantener en la norma el silencio negativo, desestimando la solicitud de que convertirlo en silencio positivo, por considerar que hay materias que son "sensibles" como la seguridad ciudadana, la defensa nacional o que pueden afectar a personas vinculadas a procedimientos administrativos. "Actuar de otra manera supondría perjuicios a intereses públicos o de terceros que hay que preservar", ha enfatizado.

   Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos y las obligaciones de publicidad, la Ley contempla la creación de un Portal de la Transparencia. Santamaría ha concretado que "es una web única para la Administración General del Estado en la que todos los ministerios y entidades incluirán su información" para que los ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a "un único órgano que se encargará de redistribuirla".

MÁS INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA DE TRANSPARENCIA 

  Las reclamaciones se efectuarán ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los servicios, que se va a "dotar de más independencia", de forma que el nombramiento y las causas de cese de su presidente se equipararán a los de los organismos reguladores, según la vicepresidenta.

   Otra de las novedades del anteproyecto de ley se recoge en las disposiciones adicionales a través de un plan de calidad y simplificación normativa que tiene como objetivo disponer de "menos y mejores" leyes, poniendo un freno a la "inflación reglamentaria". Según Sáenz de Santamaría, ese plan redundará en dar más facilidades en el tráfico económico y jurídico, reduciendo la litigiosidad.

PLAZO DE ENTRADA EN VIGOR

  El Gobierno enmarca esta norma en su programa de regeneración democrática y considera  que "tendrá efectos económicos porque genera confianza y aumenta la responsabilidad de los gestores públicos". Una vez aprobado el anteproyecto, el Consejo de Ministros ha acordado su remisión a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de Estado, como paso previo a su envío al Congreso para su tramitación parlamentaria.

   Sáenz de Santamaría ha manifestado que se trata de una norma "compleja" pero que el objetivo del Gobierno es que esté aprobada en el próximo periodo de sesiones. Dicho esto, ha agregado que la parte de la ley relativa al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, mientras que la parte relacionada con la transparencia y la documentación el plazo de entrada en vigor será en torno de un año, con el fin de que los ministerios y organismos puedan adaptar sus sistemas informáticos y sus páginas web.