El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha reconocido que la "gravedad" de la crisis ha mermado "con virulencia" la solvencia de las corporaciones locales y ha llevado a algunos ayuntamientos a "situaciones próximas a la quiebra técnica", con "enormes e inaceptables" retrasos en el pago a proveedores y en las nóminas de los trabajadores.   

 Durante su comparecencia en la Comisión de Entidades Locales del Senado, Montoro ha considerado "inaceptable" la situación, por lo que ha resaltado la necesidad de conocerla y corregirla con diferentes medidas que mejoren la liquidez de las corporaciones locales y la situación de las empresas en España.  

  En este sentido, el ministro ha resaltado la necesidad de sanear las cuentas para facilitar el objetivo común de generación de crecimiento económico y empleo y se ha referido al mecanismo que implementará el Gobierno para que las administraciones públicas puedan hacer frente a los pagos pendientes con proveedores.  

  De hecho, ha repasado las líneas generales del anteproyecto de ley y el real decreto ley aprobado el pasado viernes, que posibilitará la creación del mecanismo que se desarrollará para hacer frente a estas deudas y que, según Montoro, en ningún caso elevará el déficit público.

   Este mecanismo, según Montoro, será una "gran operación financiera" y se cerrará "bien pronto", de forma que esté vigente a lo largo de 2012 y habilite las condiciones necesarias para que las administraciones puedan cumplir con sus obligaciones pendientes.  

   Además, Montoro ha justificado esta medida al decir que no solo facilitará el pago de las deudas a las administraciones, sino que también promoverá la inyección de un gran volumen de dinero sobre la economía real, los autónomos, las pymes y las grandes empresas.   

 "No se debe entender esta operación como una relajación o flexibilización", ha señalado Montoro, tras recordar que el objetivo es "sanear y clarificar" las cuentas y comprometerse con el principio de estabilidad presupuestaria.    

  El titular de la cartera de Hacienda ha resaltado la necesidad de trabajar en "acuerdos políticos y consensos" porque hay que "hacer de la necesidad virtud" y convertir la crisis en una "oportunidad" para sacar adelante reformas estructurales "útiles" para favorecer la salida de la crisis. 

  "LAS METAS SON CLARAS".  

  En este sentido, ha asegurado que la política del Gobierno se fundamenta en la consolidación fiscal y en un "amplio" programa de reformas. "Las metas son claras", ha dicho, tras recordar que el objetivo principal es conseguir el saneamiento del sector público y generar un escenario de confianza para poder crecer y crear empleo.  

  Así, el ministro ha repasado algunas de las medidas implementadas por el Gobierno desde que llegó a La Moncloa, sobre todo aquellas que afectan a comunidades autónomas y ayuntamientos, como el anticipo del 50% de las liquidaciones del año 2010 o el aplazamiento de las devoluciones de las liquidaciones de los años 2008 y 2009.  

  De la misma forma, ha resaltado la intención del Gobierno de no exigir la licencia previa en los comercios y aplicar criterios "más efectivos de control, al tiempo que ha resaltado la necesidad de llevar a cabo este tipo de medidas en todas las administraciones de forma que se puedan coordinar en todo el territorio.

   LA LEY DE ESTABILIDAD, "PRONTO" A LAS CORTES.   

Finalmente, se ha referido al anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria, que actualmente está en el Consejo de Estado, y ha asegurado que es uno de los grandes proyectos del Gobierno para recuperar la confianza frente a los socios europeos y los acreedores.   

"Muy pronto estaremos en condiciones de enviarlo a las Cortes", ha dicho Montoro, quien ha insistido una vez más en la "importancia" de los acuerdos políticos en esta materia porque se trata de una ley orientada a garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas, fortalecer la confianza y reforzar los compromisos adquiridos por España.

    Montoro ha resaltado la novedad que supone que todas las comunidades tengan que elaborar techos de gasto, algo que no ocurre en otros países y que aporta mucho más "transparencia" y más compromiso democrático porque permite a las Cortes participar en todo el proceso previo a la elaboración a los Presupuestos.