Según han informado fuentes judiciales, la exdirigente de UM tendría que enfrentarse a un jurado popular debido a que el delito que se investiga en el marco de esta causa es el de cohecho, uno de los ilícitos cuyo enjuiciamiento compete a este tribunal, junto a los de tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas, entre otros no relacionados con los cometidos contra las Administraciones públicas.  

  Junto a Munar, no obstante, también se encuentran bajo lupa judicial el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, el máximo accionista de Sacresa, Román Sanahúja, y el intermediario que supuestamente intervino en la recogida y entrega del dinero, Miquel Llinàs.  

  Se trata de unas pesquisas en las que la exlíder "uemita" se ha acogido a su derecho a no declarar a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) resuelva sobre el recurso de casación que interpuso contra la sentencia del caso Can Domenge -relativa no al soborno, sino al procedimiento por el que de forma irregular se adjudicaron los terrenos-, que condenaba a Munar a seis años de prisión.  

  En concreto, la imputada fue acusada de beneficiarse de esta dádiva por el Vicens, quien confesó que tanto la expolítica balear como Nadal, el propio Vicens y UM -desaparecida a raíz de los numerosos casos de corrupción que pesaban sobre sus espaldas- percibieron hasta un total de cuatro millones de euros por la venta irregular de Can Domenge.  

  Vicens entregó asimismo ante la Audiencia Provincial de Baleares hasta un total de 160.000 euros del cohecho, lo que junto a su escrito de confesión llevó a la Fiscalía Anticorrupción a interponer una denuncia por estos hechos y a registrar las viviendas de Munar y Nadal sin que en ellas se hallase rastro del dinero que presuntamente cobraron por el amaño del proceso.   

 A la confesión sobre el presunto cohecho por parte de Vicens se sumó, justo un día antes de la fecha en que estaba fijado el inicio del juicio por la adjudicación de los terrenos, tras más de seis años de que se iniciasen las investigaciones sobre estos hechos, se sumó la de el propietario de Sacresa, quien reconoció que pagó un soborno de cuatro millones de euros a cambio de resultar beneficiaria de la venta de los terrenos por parte del Consell de Mallorca.

 MATAS Y DE SANTOS, JUZGADOS POR JURADOS POPULARES   

 Cabe recordar que otros exaltos cargos que han sido juzgados por jurado popular han sido el expresidente del Govern Jaume Matas, por un delito de cohecho, y el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, por uno de malversación.  

  En el caso de Matas, éste fue condenado por un delito de cohecho, en su consideración de pasivo impropio, a una multa total de 9.000 euros y al comiso de los 42.111 euros que recibió como regalo a través de la contratación ficticia de su mujer por parte de un conocido hotelero mallorquín. Una cantidad que, subrayaba la sentencia, "era realmente una donación al señor Matas" en atención a su cargo "y no la retribución de un trabajo realizado por su esposa".

   Por su parte, Rodrigo de Santos fue sentenciado a dos años de prisión así como a cuatro años de inhabilitación absoluta, por un delito continuado de malversación de fondos públicos, con las atenuantes de reparación del daño y de drogadicción, al haber gastado hasta 50.804 euros en clubes de alterne y casas de masaje. En el momento de los hechos, tal y como consideró probado el presidente del jurado, el exedil era adicto a la cocaína.