Viernes, 29 de noviembre de 2024
Egipto más cerca de una dictadura islámica
Mursi no reinstaurará el Parlamento pese a tener autoridad para hacerlo
La enmienda constitucional de Mursi incluye cuatro artículos. El primero recoge sucintamente la derogación de la enmienda aprobada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) el pasado 17 de junio, que limitaba los poderes presidenciales y otorgaba importantes competencias e independencia al estamento militar.
El segundo artículo modifica el artículo 25 de la Declaración Constitucional y atribuye de nuevo al presidente, el propio Mursi, las competencias extraordinarias que se habían establecido para el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, tales como poderes ejecutivos y legislativos absolutos.
El siguiente artículo se refiere al proceso constituyente y otorga libertad a la Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución que abra una nueva era política y supere definitivamente el régimen de Hosni Mubarak, pero el Presidente "si se le impide (a la Asamblea) cumplir con sus funciones, el presidente puede nombrar a una nueva Asamblea".
Además, establece que el nuevo texto constitucional deberá ser sometido a referéndum en un plazo de 30 días desde su aprobación en la Asamblea. Las elecciones legislativas posteriores se celebrarán en los dos meses siguientes a la ratificación de la Constitución.
El cuarto y último artículo establece que "la nueva Declaración Constitucional será publicada en la gaceta oficial de Egipto y entrará en efecto al día siguiente de su publicación".
Mursi decidió restaurar el Parlamento en julio tras llegar al poder, echando abajo la decisión del Tribunal Supremo de disolver el organismo tras considerar que varios artículos de la ley que rigió las elecciones parlamentarias eran anticonstitucionales.
Sin embargo, el tribunal confirmó el 10 de julio su veredicto previo, tras lo que Mursi anunció que respetaría la ley. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas retuvo así el poder legislativo tras emitir una enmienda suplementaria a la Declaración Constitucional del 17 de junio.
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