Ninguna de las 32 formaciones políticas fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre la contabilidad de los partidos, correspondiente al ejercicio 2008, remitió a este órgano el informe relativo a la auditoria interna que deberían haber realizado según establece el artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos reformada en 2077.

   Así lo asegura el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización que acaba de aprobar y de remitir a las Cortes, y al que ha tenido acceso Europa Press.

   Según la modificación el citado artículo aprobada en 2007 y vigente por tanto en el ejercicio de 2008, los partidos políticos "deberán prever un sistema de control interno que garantice la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus estatutos".

   "El informe resultante de la revisión acompañará a la documentación a rendir al Tribunal de Cuentas", rezaba entonces la normativa vigente. No obstante, este artículo fue objeto de una nueva revisión el año pasado para especificar que ese "informe" debía ser el resultado de una "auditoría".

   Las formaciones políticas investigadas en este caso por el Tribunal de Cuentas han sido todas las que tiene representación en las Cortes: PP, PSOE, PSC, Izquierda Unida, Convergencia Democrática de Catalunya, Unió Democrática de Catalunya y la federación nacionalista que conforman ambas, Unión, Progreso y Democracia, el PNV, la Chunta Aragonesista, Iniciativa per Catalunya Verds, ERC, BNG, Coalición Canaria, Compromís, Unión del Pueblo Navarro, Nafarroa Bai (ahora Geroa Bai).

RECURSOS PRIVADOS DE LOS PARTIDOS

   Además, el informe incluye la revisión de las cuentas de Aralar, Esquerra Unida del País Valencià, Eusko Alkartasuna, la entonces federación vasca de IU --Ezker Batua-Berdeak--, el Partido Comunista de España, Ciutadans Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Convergencia de Demócratas de Navarra, Els Verds de Mallorca, el Partido Aragonés, Partido Regionalista de Cantabria, Partido Riojano, Partit Socialista de Menorca-Entesa Nacionalista, PSM - Entesa Nacionalista de Mallorca, Unió Mallorquina y Unión del Pueblo Leonés.

   En su informe, el órgano fiscalizador señala respecto a los recursos privados contabilizados de los partidos, que la cuantía más importante corresponde a las cuotas y aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes con un saldo total de 44,7 millones de euros.

   Otro de los recursos privados está constituido por las donaciones privadas no finalistas recibidas por las formaciones políticas, que de acuerdo con los registros contables del ejercicio 2008 ascendieron a 6,4 millones de euros. De ellas, 3,4 millones correspondieron a donaciones de personas físicas y 2,7 millones provenían de personas jurídicas.

DONANTES NO IDENTIFICADOS

   En cuanto al cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las donaciones privadas, el Tribunal de Cuentas realiza varias observaciones. Existen, por ejemplo donaciones "no identificadas" por un total de 293.451 euros, lo que contraviene la prohibición prevista en el artículo 5 de Ley Orgánica de Financiación de Partidos de 2007 de que los partidos no podrán aceptar o recibir donaciones anónimas.

   Esto se ha apreciado en las cuentas de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía (con donaciones no identificadas por valor de 52.055 euros), Unión Progreso y Democracia (28.476 euros) y Partido Aragonés --ahora socio electoral del PP en esa comunidad-- (212.920 euros).

   También figuran, según el informe, donaciones de personas jurídicas de las que no se han facilitado el acuerdo del órgano social competente, al contrario de lo que establece la normativa vigente en 2008. El Tribunal cita los casos de Unió Democrática de Catalunya (272.600 euros) y Unión Progreso y Democracia (2.931 euros).

   Asimismo, menciona que ha detectado aportaciones cuya identificación no contempla alguno de los requisitos establecidos como la constancia de la fecha de imposición, importe de la misma y del nombre e identificación fiscal del donante.

   La ley también prevé que la entidad de crédito donde se realice la imposición estará obligada a extender al donante un documento acreditativo en el que consten los extremos anteriores. Las deficiencias en este sentido se han encontrado en las cuentas de Unión Progreso y Democracia (9.000 euros) y PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca (14.536 euros).