Martes, 26 de noviembre de 2024

Vigilancia Aduanera ha arrestado también a un cabo de la Policía Local luguesa y a un empresario

Operación Pokémon: La detención de un alcalde pedáneo de Lugo eleva a 26 los arrestos en la operación

 La detención de un alcalde pedáneo del Ayuntamiento de Lugo eleva a 26 los arrestos en el marco de la Operación Pokémon que dirige el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo para investigar una supuesta trama de corrupción y sobornos para obtener la adjudicación de servicios municipales.   

 Así, son tres los nuevos arrestos llevados a cabo este jueves en el marco de esta operación, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, que se suman a los 23 detenidos hasta el momento, tres de los cuales permanecen en prisión provisional.  

  En concreto, este jueves ha sido arrestado por agentes de Vigilancia Aduanera, sobre las 11.00 horas, el cabo adscrito a la Patrulla Verde J.L.N., además de un empresario lucense y el alcalde pedáneo de la parroquia lucense de O Burgo, José G.V., quien también es propietario de un taller de carpintería metálica.  

  En principio, las declaraciones de los dos primeros detenidos este jueves, el cabo de la Policía Local y el empresario, se iniciarán en las próximas horas en el Juzgado de Instrucción Número 1 esta misma tarde.

PEDANÍA DE O BURGO   

 En concreto, José G.V. es pedáneo de O Burgo desde la primera legislatura que gobierna el Ayuntamiento de Lugo el socialista José Clemente López Orozco, que accedió a la Alcaldía lucense en 1999. José G.V. asumió este cargo de representación vecinal tras un proceso de elección entre los habitantes de esta parroquia ubicada en el suroeste del municipio lucense.  

  Según las fuentes consultadas por Europa Press, el pedáneo de O Burgo es propietario de un taller de carpintería metálica que habría hecho algunos encargos para el Ayuntamiento de Lugo, entre otros. Hace cuatro años, generó polémica la instalación en una finca de su propiedad de una antena de telefonía móvil que no llegó a ponerse en funcionamiento por las protestas de los vecinos, que consideraban que era ilegal al hallarse próxima a viviendas, un caso que fue denunciado públicamente por el Grupo Municipal del PP.

 PATRULLA VERDE  

  Por su parte, el cabo detenido este jueves está adscrito a la conocida como Patrulla Verde, una unidad de la Policía Local de Lugo creada en 1997 y que fundamentalmente se dedica a realizar denuncias e informes estrechamente relacionados con las áreas de urbanismo y medio ambiente.   

 En el ámbito del urbanismo, esta unidad de la Policía Local es la encargada de plantear denuncias administrativas por la realización de obras que carecen de la correspondiente licencia urbanística, la ocupación ilegal de la vía pública o el exceso de aprovechamiento, entre otros ámbitos.  

  La detención de este veterano cabo de la Policía Local ha generado sorpresa en el entorno del Ayuntamiento lucense, que se haya a la expectativa porque desconoce qué delitos se le imputan.

OPERATIVO   

 En una primera fase de la operación fueron detenidas 23 personas, entre ellas el exalcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez; el exregidor de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio; y el exconcejal del BNG en Orense Fernando Varela.  

  Asimismo, dentro de los detenidos en la primera fase de la operación Pokémon está el trabajador de la ORA en Lugo Javier Reguera, que en los últimos años ha obtenido notables beneficios con la compra-venta de inmuebles durante la tramitación del plan urbanístico de Lugo, así como su socio en varios negocios y propietario de la empresa Sanle, Manuel S.G.   

De los primeros 23 detenidos en esta operación de Vigilancia Aduanera, la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo ha decretado prisión provisional precisamente para Javier Reguera; así como para el presidente de Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, acusado de los delitos de cohecho y tráfico de influencias; y para el expresidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil y exconcejal en Lugo, Francisco Fernández Liñares, por los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.


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