Arria Salicetti, que ha declarado como testigo en la causa que investiga las supuestas relaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ETA, ha asegurado no tener datos sobre los supuestos entrenamientos en el manejo de explosivos que estos dos grupos habrían llevado a cabo en Venezuela, aunque ha aportado al magistrado informes de la  inteligencia de este país que acreditarían las "vinculaciones" del Gobierno bolivariano con la organización terrorista vasca.   

"Me han suministrado informaciones que triangulan una serie de vinculaciones entre el grupo de narcoterroristas de las FARC, personas vinculadas al régimen venezolano y algunas a la ETA", ha señalado el ex embajador venezolano antes de recalcar que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) "conoce perfectamente lo que ha venido ocurriendo en el país" en los últimos años.

SIETE CARGOS EN EL INTI   

En concreto, ha detallado que de los 34 etarras que el Gobierno español deportó a Venezuela en 1989 tras el fracaso de las conversaciones de Argel, siete tienen "cargos" en la Administración de Hugo Chávez y tres de ellos, entre los que se encuentra Cubillas, están contratados en el INTI, al que ha calificado como "verdugo oficial" de la política de "pillaje y expolio de la propiedad" que, según ha dicho, practica el Ejecutivo bolivariano.

  Según sus datos, las expropiaciones, que "siempre se hacen con cuerpos de asalto del Ejército y de la Guardia Nacional venezolana", han perjudicado a "más de 300 pequeños y medianos agricultores españoles". De igual modo, ha subrayado que los etarras que viven en Venezuela "están perfectamente integrados en la sociedad venezolana", en especial Cubillas y su mujer, Goizeder Odriozola, que es jefa de Gabinete del vicepresidente de la República, Elías Jaua.  

 Tras poner de manifiesto que dos "agentes prominentes de ETA y las FARC", en referencia a Cubillas y el miembro de la guerrilla Rodrigo Granda, han sido nacionalizados por el Gobierno de Chávez, lo que impide su extradición a sus países de origen, Arria ha indicado que la unidad de "seguimiento y vigilancia" del grupo de etarras residentes en Venezuela fue "desmantelado" tras la llegada al poder de Chávez.

   De igual modo, ha destacado que Colombia es el país que tiene la "llave" para informar sobre las relaciones entre ETA y las FARC, ya que cuenta con la información que se incautó en los ordenadores del ex número dos de la organización colombiana, Luis Edgar Devia Silva, Raúl Reyes.

TESTIGO DE LA AVT   

Velasco, que investiga los nexos entre las dos organizaciones terroristas bajo el amparo del Gobierno de Venezuela, citó a Arria Salicetti el pasado 15 de noviembre aunque la comparecencia tuvo que retrasarse por problemas de agenda. El testigo ha declarado a propuesta de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, que ejerce la acusación popular en esta causa de forma conjunta con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).   

El vicepresidente de este colectivo, William Cárdenas, ha señalado a Europa Press que Arria "conoce perfectamente cómo funcionan Cubillas y el grupo de etarras que trabajan en el Instituto Nacional de Tierras (INTI) y en la estructura del Gobierno de Venezuela". "Les conoce muy bien porque a él le quitaron la finca, él fue una víctima de ellos", ha indicado.  

  De hecho, el compareciente promueve una iniciativa para que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sea juzgado en la Corte Penal Internacional por la "expropiación, el pillaje y el saqueo" de tres millones de hectáreas de tierras. En una entrevista concedida en octubre pasado a Venezuela Radio aseguraba qeu Cubillas Fontán ha sido utilizado por el Gobierno bolivariano como "instrumento de asalto, robo y pillaje de fincas en Venezuela".

OTRA DECLARACIÓN POR ESCRITO  

  En la causa también declarará por escrito, a través de una comisión rogatoria a Costa Rica, el ex general de Brigada del Ejército venezolano Néstor González González, que el 11 de abril de 2002 formó parte del grupo de militares que se sublevó contra Chávez y colocó en la Presidencia de la República al presidente de los empresarios, Pedro Carmona Estanga. Tras los enfrentamientos entre ambos bandos, Chávez recuperó el poder tres días después y Néstor González se exilió fuera del país.   

Además, está prevista la declaración como testigo protegido de un ex fiscal venezolano con residencia en Estados Unidos que se dirigió por carta al juez Velasco para mostrar su disposición a comparecer en esta causa y trasladarle que una superior jerárquica en la Fiscalía venezolana le obligó a tomar decisiones que favorecían a miembros de la banda terrorista ETA.   

Velasco, además, ha solicitado al Cuerpo Nacional de Policía que investigue los viajes a Venezuela que habrían realizado en el verano de 2008 los presuntos etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance para determinar si contactaron con Cubillas Fontán y recibieron instrucción sobre el manejo de explosivos y armas en el país.

   El juez Velasco procesó en febrero pasado a los etarras Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldúa Corta (ya fallecido), José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. A todos ellos les imputa un delito de colaboración con organización terrorista; a los cuatro primeros, además, el de tenencia de explosivos, y a Cubillas Fontán también el de conspiración para cometer homicidios terroristas.  

  Este último delito fue atribuido también a los supuestos miembros de las FARC Omar Arturo Zabala Padilla y Víctor Ramón Vargas Salazar. El juez también imputa a Gustavo Navarro Morales, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert y Luciano Martín Arango por colaboración con banda armada.