El Consejo de Ministros ha aprobado el primer informe del anteproyecto de la ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, también conocida como "ley de muerte digna", con la que pretende garantizar los derechos de los pacientes "en el momento final de la vida", así como dar seguridad jurídica a los profesionales sanitarios que les atienden.  

  Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, reconociendo que se trata de la "primera lectura" de un texto que todavía debe remitirse al Consejo de Estado y las comunidades antes de llegar a las Cortes para su tramitación parlamentaria.  

  Según ha destacado Pajín, con esta norma se pretende que todos los ciudadanos "afronten sus últimos días con dignidad y el menor sufrimiento posible, con independencia del lugar donde residan".  

  Y es que, asegura la ministra, se estima que aproximadamente la mitad de los españoles tienen que afrontar situaciones difíciles cuando fallecen y, con ellos, sus familiares. "Estamos hablando de aquellos pacientes que entran en fase terminal o de agonía, en la que los médicos ya descartan de forma clara que vaya a haber expectativas de curación".  

  El primer paso para mejorar la atención a estos pacientes fue la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos aprobada en 2007, tras la que el Gobierno quiere "dar un paso más" para "pasar de un modelo asistencial a un sistema de derechos y garantías, al tiempo que también ofrece mas seguridad jurídica a los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha remarcado la ministra.

MITIGAR EL DOLOR, SIN DESPENALIZAR LA EUTANASIA

   "La iniciativa era demandada desde numerosas organizaciones de profesionales y asociaciones de pacientes", ha recordado Pajín, aprovechando para asegurar "con rotundidad" que "no despenaliza la eutanasia ni el suicidio asistido.  

  Para ello, la norma establece que "cualquier persona mayor de edad y plena capacidad de obrar por si misma tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad, sobre sus cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir al final de su vida".  

  Asimismo, se garantizan el derecho a la información asistencial, la toma de decisiones, al tratamiento del dolor y al acompañamiento o la intimidad en los últimos días de su vida. Todo ello, ha añadido Pajín, "será equitativo en todo el SNS, de modo que todos los ciudadanos tendrán el mismo derecho vivan donde vivan".

   El anteproyecto de ley establece también que quien reciba la información asistencial y la prestación del consentimiento será cuando el paciente presente incapacidad de hecho. Esto se decidirá a criterio del profesional médico responsable, para lo que recabará la opinión de "al menos" otro profesional implicado directamente en la situación del paciente.

   Del mismo modo, la ley regula las voluntades anticipadas y establece que toda persona tiene derecho a manifestar su voluntad en un registro autonómico que las comunidades deberán comunicar "obligatoriamente" al registro nacional.

LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS SE PODRÁN MODIFICAR

   Estas voluntades, no obstante, pueden ser "modificadas o revocadas" pero "será la voluntad de la persona la que prevalezca sobre cualquier otra decisión previa".

   La norma además establece que los profesionales sanitarios estarán obligados a respetar la voluntad, las convicciones y creencias del pacientes. Para ello, podrán consultar al registro nacional de instrucciones previas "dejando constancia" de cualquier consulta que realicen.  

  No obstante, resalta Pajín, "el cumplimiento de las voluntades del paciente excluye cualquier exigencia de responsabilidad por las correspondientes actuaciones de los profesionales sanitarios".  

  Además, el personal sanitario adecuará el esfuerzo terapéutico de modo proporcional a la situación de cada paciente, y obliga a las administraciones a garantizar el respeto por el procedimiento.   

 Pajín ha descartado que la ley incorpore un paquete de medidas económicas ya que "sólo regula derechos", y ha asegurado que "dialogarán con la Iglesia como han hecho con otros colectivos.