La presidenta del PP en Gijón, Pilar Fernández Pardo, ha rechazado este miércoles retirar las acusaciones de "sombras de corrupción" lanzadas contra el Gobierno Local del mandato que acaba de concluir en el acto de conciliación celebrado en este día en el Juzgado número 11 de Primera Instancia, propuesto por la ex alcaldesa de la ciudad, Paz Fernández Felgueroso, ha confirmado a Europa Press un portavoz del PP.

   Pardo, que estaba en Madrid por sus responsabilidades como diputada nacional, no ha acudido a la cita -no estaba obligada- y ha dado respuesta a las respuestas formuladas por el juzgado de Primera Instancia a través de su procurador.  

  Quién sí asistió fue Felgueroso, quien ha señalado a Europa Press que aún no tiene decidido sí interpondrá la correspondiente querella por injurias y calumnias o no, que sería el siguiente paso a dar después de haber interpuesto en su día la papeleta del acto de conciliación para que la portavoz popular retirara sus acusaciones.   

 Asimismo, durante el acto judicial de este miércoles, Pardo ha insistido en que nunca imputó directamente a la alcaldesa ni dijo tampoco que hubiera ediles del Equipo de Gobierno imputados. También ha reiterado que siempre habló de "sombras de corrupción, "supuesta corrupción" o "corruptela moral" con base a las "irregularidades" que habían ido detectando durante su función de control al Gobierno, apoyadas algunas en el Informe de la Sindicatura de Cuentas.

RAMA GIJONESA DE LA "OPERACIÓN MAREA"

   Cabe recordar que varios miembros del Equipo de Gobierno anterior presentaron papeletas del acto de conciliación contra ediles del PP al considerarse injuriados y calumniados por ponerse en duda la legalidad de sus actividades y de las contrataciones municipales, especialmente al citar los populares la posible existencia de una rama de la "Operación Marea", supuesta trama de contrataciones ilegales en la que está imputado, entre otros, el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre.  

  En la misma Operación está imputado el dueño de Almacenes Pumarín, empresa en la que trabaja la mujer del ex concejal socialista José Manuel Sariego, que en el mandato que acaba de terminar era responsable de Festejos y primer teniente de alcalde. El PP apuntó en su día a posibles favoritismos a esta empresa por la razón de parentesco, ya que la mujer de Sariego era comercial y decían que se ocupa de las contrataciones con las administraciones públicas, incluido el Ayuntamiento gijonés.   

 Por estas aseveraciones, Sariego había denunciado al edil del PP Manuel Pecharromán, tras no rectificar este sus palabras en el acta de conciliación previo. No obstante, la juez, Ana López Pandiella, que había iniciado la instrucción del caso "Marea", desestimó el caso y lanzó algunas sospechas sobre la actuación municipal en su auto judicial, que fueron criticadas tanto por el PSOE como por IU, en el anterior mandato socios de Gobierno.

RECURSO CONTRA EL AUTO DE PANDIELLA  

  Sariego había entonces interpuesto un recurso contra el auto judicial, que fue desestimado por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 nuevamente. Acto seguido, el recurso, esta vez en apelación, se elevó ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón.

   En este caso, el PP aportó en sus alegaciones la publicación en prensa de la separación de las causas dentro de la "operación Marea", una de ellas referida a Gijón y en particular para que se investigara si la esposa del ex concejal influyó en la compra del mobiliario del Conservatorio Municipal de Música, contratado a la empresa de la que es comercial. La alegación al recurso la presentaron el pasado viernes y es previsible que la Audiencia resuelva en un mes.

   Por motivos similares, Sariego había interpuesto papeleta de conciliación contra el edil del PP Eduardo Junquera y la que fuera concejala de Empleo en el mandato que acaba de terminar, Begoña Fernández, su esposo, y Jacinto Braña -empresario al que atribuyeron contratos de favor-, contra la edil popular Maite Menéndez. En ambos casos, el PP aún no tiene constancia de que hayan interpuesto la correspondiente querella, aunque podría hacerse en el año siguiente a la celebración del acta de conciliación.