El juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia ha condenado a dos años al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagés y a uno a los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas al considerar que los cuatro, junto al fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, se autoconcedieron 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas pólizas y cometieron un delito de administración desleal.

   El magistrado, que ha adelantado el fallo al término de la vista oral, considera que los cuatro han incumplido los deberes de cualquier administrador y "mediante procedimientos engañosos y burlando los controles de la caja" antepusieron los intereses personales a los sociales.

   El juez ha tenido en cuenta, no obstante, que los cuatro han devuelto las cantidades fraudulentamente cobradas, un total de 28,6 millones de euros, y han reconocido su culpabilidad. "Es realmente anómalo que se repare el daño en este tipo de delitos", ha asegurado Vázquez Honrubia.

   Su decisión, que evita que los condenados ingresen en la cárcel, es contraria a la postura del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled que ha mantenido su petición de penas de hasta tres años y medio de prisión.

DEVUELVEN EL DINERO

   Al inicio de la vista celebrada en la sede de la Audiencia Nacional Pagés, Troyano, Abella y Caellas se han dirigido a la Sala para asegurar que han devueto al Banco Mare Nostrum (BMN) el importe de las pólizas de seguros cobradas y que han renunciado a las cantidades pendientes de cobrar, en total una cantidad superior a los 28 millones de euros. Todos ellos han afirmado que este gesto "con independencia de la resolución" que el juez José María Vázquez Honrubia.

   Los cuatro acusados han reconocido ante el tribunal los hechos de los que se les acusa. Esta confesión y la reparación del daño económico causado no ha influido, no obstante, en la postura de Sánchez Ulled que ha recordado que la Fiscalía "tenía razón en este asunto". "Me congratulo de que el dinero haya sido recuperado pero los hechos y esta restitución a última hora determina que la pena deba ser la que solicitaba en un inicio", ha indicado.

   Por su parte, las otras tres acusaciones personadas --BMN, el FROB y Fundación Pinae-- sí han tenido en cuenta el gesto de los acusados y han rebajado su petición de penas a dos años en el caso de Pagès y uno para los otros tres.

   La excúpula de la caja catalana se sentaba en el banquillo por un presunto delito societario continuado de administración desleal y apropiación indebida. La Fiscalía mantiene que todos ellos actuaron desde 2001 "de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los máximos órganos colegiados".

   Para el fiscal, Pagès diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una "desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad" pensada "para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo". Desde 2001, los exdirectivos "se autoconcedieron" derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran el banco.

   Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.

CRISIS BANCARIA

   Anticorrupción asegura que, en 2009, la "placidez derivada del colchón económico que los acusados se habían autoconcedido se vio perturbada por la crisis económica" y el proceso de reestructuración del sistema financiero español, que dio lugar a restricciones normativas y al endurecimiento de los controles administrativos.

   En el caso de Caixa Penedès, a esto se unió que en 2010 la entidad se fusionó a Caja Granada, Caja Murcia y 'Sa Nostra' Caja de Baleares, lo que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN) que recibió ayudas por un importe 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

   Ante el riesgo de perder los beneficios económicos que se habían adjudicado, "los acusados reaccionaron apresuradamente" y buscaron una cobertura formal con la que justificar sus derechos económicos, incurriendo en nuevas actuaciones abusivas. Así, reunieron a la Comisión de Retribuciones y a la Comisión Ejecutiva, "controladas de hecho por los acusados Pagès y Caellas", y formalizaron la modificación de los contratos de trabajo para blindar sus privilegios.