El abogado de la que fuera legisladora, Luis Guillermo Pérez, aseveró, en una entrevista concedida a la cadena TeleSur, que su cliente recurrirá a la justicia internacional en el caso de que dicha comisión no la incluya entre las víctimas de estas escuchas y la elimine como testigo de las mismas.   

"Hemos advertido de que agotada esta instancia interna, si esto se convierte en una mascarada para burlar la justicia, para burlar al país, para burlar a la sociedad colombiana, acudiremos al TPI, donde instauraremos la denuncia por delito persecución política", dijo Pérez.   

El letrado acusó directamente al ex mandatario de cometer este delito, que se incluye entre los de lesa humanidad, por reprimir a la oposición. "Logró hacer víctimas a centenares de personas a lo largo y ancho de todo el país, porque disentían de su manera de gobernar", aseveró.   

La presidenta de Colombianos y Colombianas por la Paz pretende que la comisión investigadora cambie su calificación porque como víctima podría tener acceso a los interrogatorios de los testigos. Para ello, ha presentado una demanda de constitución en parte del proceso, cuestión que deberá resolverse en el plazo máximo de tres días hábiles.

   En relación al contenido de esta acción, Pérez apuntó que también solicitaron que se resarza a Córdoba, no solo por las actividades de espionaje dirigidas en su contra, sino también por "el complot que convirtió a Piedad Córdoba en el objeto principal de persecución del Gobierno de Uribe".  

  Así, la ex senadora pretende que "el máximo responsable de este aparato que se concertó para delinquir", responda por sus actuaciones y se disculpe públicamente con ella, tal y como ya han hecho altos funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) --servicios de Inteligencia colombianos-- tras reconocer su implicación en estos hechos.  

  "Cuando ya hay altos funcionarios del DAS que han pedido disculpas en público a Piedad Córdoba por las campañas de persecución y difamaciones que organizaron desde la Casa de Nariño (palacio presidencial), también se entiende que los de la Casa de Nariño también cometieron concierto para delinquir", sentenció el letrado.

   El escándalo de las escuchas ilegales, conocidas popularmente como chuzadas, salpica a la cúpula directiva del DAS y al ex mandatario, que supuestamente conocía y ordenaba realizar estas interceptaciones telefónicas sin autorización judicial a miembros de la oposición, jueces, periodistas y defensores de los Derechos Humanos.