Todo ello días después del hundimiento del Banco Popular, cuya depreciación en Bolsa provocó la intervención por parte del mecanismo europeo de la Junta Única de Resolución, que decidió la venta de la sexta entidad financiera española al Banco Santander por tan solo un euro.

Así figura en una proposición no de ley, recogida por Europa Press, que los diputados Segundo González y Alberto Montero, de Podemos, han registrado en el Congreso para su debate en el Pleno, y en la que instan al Gobierno a "estudiar un mecanismo, dentro del marco regulatorio de la UE, que permita limitar de manera permanente" estas operaciones.

Los vendedores en corto toman prestadas acciones de un inversor-prestamista y las vende inmediatamente después, cerrando su posición cuando recompra las acciones y las devuelve al inversor-prestamista inicial. De esta forma, al contrario que los inversores que compran activos esperando a que su pecio se incremente, los vendedores en corto compran valores esperando sacar beneficio si el precio de dichos activos cae.

"GANAN CUANDO EL RESTO PIERDE"

"Estos inversores ganan cuando todo el resto del mercado pierde", explican en su iniciativa González y Montero, que alertan de que este esquema de obtención de rentabilidad puede hacer que las posiciones en corto sean "especialmente peligrosas para la estabilidad financiera en momentos de estrés financiero".

De hecho, creen que "la línea que separa posiciones en corto y manipulación de mercado ha sido demasiado delgada como para poder separar ambas prácticas". "Pueden ser prácticas predatorias", insisten, remarcando que estas posiciones "no parecen tener un beneficio general, sí para actores como los fondos de inversión, pero pueden tener un efecto devastador".

"Actualmente, los fondos especulativos que operan con acciones prestadas, tienen posiciones bajistas sobre 64 empresas cotizadas", destacan, remitiendo a datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), algunos de los cuales "han realizado exitosas operaciones de venta en corto gracias a la caída de conocidos bancos y empresas".

Precisamente, recuerdan que pese a que la CNMV) prohibía estas posiciones con Liberbank, no había adoptado esta decisión en el caso del Popular, por lo que creen que es necesario adoptar una regulación más restrictiva de forma permanente.

LA REGULACIÓN ES INSUFICIENTE, LAMENTAN

En este sentido, sostienen que pese a las limitaciones adoptadas en los últimos años --a raíz de la crisis financiera primero, y después por la crisis de deuda en 2012-- la regulación "es insuficiente", a pesar de que además de las imposiciones a nivel nacional se impulsó un marco legislativo a nivel europeo con el objetivo de incrementar la transparencia, dotar a los estados miembros de poderes suficientes para actuar en situaciones excepcionales e incrementar la coordinación entre países.

"No obstante, en el caso del Banco del Popular y posteriormente del Liberbank, se ha podido comprobar que esta regulación es insuficiente a todas luces y que dichas operaciones pueden causar económicos graves con el único motivo de obtener una gran rentabilidad", aseveran.

Así, apuntan a que a pesar de que las compañías deben informar al regulador, según la regulación europea, "esto no es óbice para que se produzcan movimientos especulativos y de contagio".

Unidos Podemos recalca en su iniciativa que este mecanismo de limitación a las ventas en corto debe de ser consensuado con las asociaciones representativas del sector bancario, las más representativas de usuarios de servicios bancarios y que no responda a condiciones específicas, sino que busque impedir efectos negativos que puedan tener estas operaciones en la dinámica de funcionamiento de los mercados.