Sabado, 27 de abril de 2024
Via libre para "eliminar" cristianos
Podemos pide al Gobierno derogar el artículo del Código Penal que castiga la ofensa a los sentimientos religiosos
Precisamente, este jueves 13 de septiembre, el actor Willy Toledo ha quedado en libertad provisional tras comparecer ante el juez acusado de un delito de ofensa a los sentimientos religiosos.
A juicio del senador de En Comú Podem, el artículo 525 del Código Penal establece varios supuestos en los que "se limita sensiblemente la libertad de expresión contra aquellas personas que realicen sátiras respecto al fenómeno religioso".
Según indica, "tanto la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho como el Consejo de Europa, en su recomendación 1.805, señalan que la libertad de expresión regulada en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no debe ser restringida para proteger las sensibilidades de algunos grupos religiosos".
Además, cita una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establecía que "las religiones no son ajenas a las críticas, ya que la libertad de expresión incluye el derecho a difundir ideas que ofendan o molesten".
Asimismo, se refiere al pronunciamiento del Consejo de Europa tras los atentados contra el seminario francés Charlie-Hebdo en 2015, según la cual "el uso de la sátira, la información o las ideas que puedan ofender, chocar o perturbar, incluida la crítica religiosa, están amparadas por la libertad de expresión".
En Comú Podem entiende que "en España la libertad religiosa es real y las creencias religiosas de los ciudadanos están protegidas y garantizadas por la Ley" y considera el artículo 525 del Código Penal "innecesario, pues responde a una concepción arcaica de predominio del pensamiento religioso".
Para Joan Comorera, el impulsor de la iniciativa, "es inadmisible que en el siglo XXI se sigan incoando procedimientos penales por pretendidas ofensas a sentimientos religiosos, restringiendo de esta forma la libertad de expresión".
Así, aunque reconoce que "la mayoría de asuntos tramitados por este artículo del Código Penal acaban archivados o con sentencias absolutarias", cree que "no se puede ni se debe hacer pasar a las personas denunciadas por una pena de banquillo absolutamente innecesaria".
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