Unidos Podemos y Ciudadanos ponen en duda la viabilidad de aplicar la propuesta que el PP lanzó esta semana en el Congreso para que la Comisión del Estatuto del Diputado, encargada de supervisar las declaraciones de bienes y actividades de sus señorías, se encargue también de comprobar la veracidad de sus currículos.

En concreto, según avanzó el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, su idea es que la citada comisión, que en esta legislatura preside el 'popular' Leopoldo Barreda, supervise el currículum de los diputados para que, en caso de no corresponderse con la realidad, no sólo sean "advertidos", sino incluso "sancionados".

Al recoger su acta, los diputados están obligados a presentar una declaración de patrimonio y bienes y a informar a la Cámara de sus actividades extraparlamentarias, que deberán ser luego autorizadas por la mencionada comisión parlamentaria, pero no tienen por qué informar de sus titulaciones académicas y profesionales.

Ahora bien, todos plasman en su ficha personal de la web de la Cámara Baja, que es pública, su currículum académico y profesional, aunque el Congreso no comprueba la veracidad de las titulaciones porque aplica un criterio de confianza dando por hecho que lo que aporta cada uno es lo que en realidad tiene.

No obstante, desde el PP, y en aras de aumentar la transparencia, ha trasladado ya a los grupos parlamentarios una propuesta para que la Comisión del Estatuto del Diputado se encargue de revisar y confirmar la veracidad de las titulaciones de sus señorías.

EL PSOE Y LA "DEDICACIÓN EXCLUSIVA"

Según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, ésta es una de las propuestas que el PP ha lanzado para incluir en el código ético que la Mesa del Congreso encargó redactar a la citada comisión para dar respuesta a las recomendaciones del último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa.

Pero la medida del PP no ha tenido muy buena acogida por parte del PSOE, de Unidos Podemos y Ciudadanos. De entrada, todos esos grupos coinciden en reprochar el momento elegido por el PP para anunciar esa medida, en plena polémica por el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. A raíz de ese episodio también se han conocido otros casos de presunta falsificación de títulos académicos, como los del líder del PSM, José Manuel Franco, que hace años informaba de una Licenciatura en Matemáticas que no existía.

Desde el PSOE aseguran que la propuesta del PP sobre los títulos es "trivial" y sólo busca "justificar lo injustificable" del caso Cifuentes, e insisten, como vienen haciendo desde principio de legislatura, en apostar por "ir a más" garantizando que los diputados cumplan estrictamente con la "dedicación exclusiva" que establece el Reglamento de la Cámara Baja y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

En concreto, los socialistas sostienen que sólo debe permitirse excepciones de compatibilidad para actividades como la gestión del patrimonio propio, la creación literaria o la participación gratuita en programas y tertulias, sin percibir salario. Una reivindicación que provocó divergencias en el seno de la Comisión del Estatuto del Diputado, con el consiguiente retraso de la aprobación del primer dictamen con las actividades privadas de los diputados.

En Unidos Podemos recuerdan que la información sobre el currículo que aporta cada diputado es "voluntaria" y que, por tanto, es una "absurdez" que el PP proponga un control sobre si los diputados la "ética" de los diputados, es decir, sobre si mienten o no con sus titulaciones.

PUEDE CHOCAR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Cosa muy diferente es, comentan, lo que ha ocurrido con Cifuentes y su máster, donde podría haber delito de instigación, por parte de la presidenta madrileña, y de falsificación documental, por la de la Universidad Rey Juan Carlos.

Tanto Unidos Podemos como Ciudadanos coinciden en que no acaban de ver cómo se podría articular la medida del partido de Mariano Rajoy. Y es que, además de requerir una reforma del Reglamento del Congreso para dar a la comisión el 'estatus' de "Ministerio Fiscal" con "facultades para investigar", podría colisionar con la Ley de Protección de Datos.

Esta nueva propuesta de los 'populares' se verá junto con las que presenten el resto de grupos en una reunión que el presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado prevé convocar próximamente para fijar un plan de trabajo tras recibir el encargo de la Mesa del Congreso de elaborar un código de conductas éticas y sobre posibles conflictos de intereses para cumplir con las recomendaciones del GRECO, que reclama acciones contra la corrupción en el Legislativo.

Hasta la fecha, esa comisión sólo ha recabado documentación sobre cómo funcionan los códigos éticos instaurados en otros parlamentos, entre ellos el Europeo, antes de elaborar el suyo propio, que no formará parte del propio Reglamento del Congreso pero sí será de conocimiento público.

Entre sus recomendaciones, el GRECO destaca que todos los diputados y senadores están obligados a realizar una declaración de intereses económicos, de bienes y de actividades complementarias, si bien también apunta la necesidad de que se incluyan otras informaciones que pueden ser de interés y que han sido objeto de investigación en los tribunales españoles en el marco de conocidos casos de corrupción.

DETALLAR REGALOS, VIAJES, TIPOS DE INTERÉS

En concreto, la Mesa del Congreso quiere que la Comisión del Estatuto del Diputado estudie la aplicación o no esas propuestas de mayor detalle informativo, entre las que figura el valor de mercado de las propiedades y vehículos, nombres de las empresas en las que tienen acciones o participaciones, tipo de interés que pagan por los créditos obtenidos de instituciones financieras, información sobre regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como los ingresos por sus actividades complementarias, incluidas las dietas o compensaciones.

Otra de las medidas en las que hace hincapié el GRECO es la regulación de los 'lobbies', y ahí se destaca que el Congreso tiene en estudio una proposición de ley presentada por el PP para crear un registro público de estos grupos de interés, que lleva meses 'congelada', pero se piden avances concretos y que no se limiten sólo a crear un registro de 'lobbies' que operan en el Parlamento.

De hecho, el órgano rector de la Cámara desearía que con esa reforma reglamentaria del PP se aprovechase para trazar la "huella legislativa" de las leyes y así determinar qué sectores y grupos de influencia han intervenido en la gestación de una ley.