Además, el PP argumenta que la ley invade competencias estatales, que los decretos de traspaso de esta competencia del Estado a las comunidades autónomas dan capacidad a las regiones para regular, ordenar o promover las corridas de toros, pero "en ningún caso" se habla de prohibir la tauromaquia, que está protegida según los recurrentes por leyes nacionales y europeas, ha explicado el portavoz de los populares en el Senado, Pío García-Escudero, a las puertas del TC tras registrar el recurso.  

  Precisamente, García-Escudero encabeza la lista de cincuenta senadores que han firmado este recurso de inconstitucionalidad, entre quienes se encuentran también los principales dirigentes del PP con escaño en la Cámara Alta, como María Dolores de Cospedal, Javier Arenas o Alicia Sánchez-Camacho.

   El portavoz en el Senado ha aprovechado para denunciar la "hipocresía" del Parlamento catalán por "blindar los correbous, los toros en la calle", inmediatamente después de haber prohibido las corridas en las plazas catalanas. "La materia prima es la misma, los toros, y el toro también sufre, que es a lo que se aferraban en el Parlamento catalán para prohibir las corridas", ha dicho.

  INCOMPETENCIA CATALANA 

     En su recurso, el PP reconoce que los festejos taurinos son un fenómeno "complejo" como el teatro o la cinematografía, en el que se cruzan las competencias del Estado y de las Comunidades. Añade que las autonomías tienen transferidas las capacidades sobre las corridas relativas a su organización, promoción, etc, y que así se reconoce en el real decreto de traspaso a Cataluña.  

  En esta norma, apunta el PP, se dice que "la fiesta de los toros se regirá por sus Reglamentos específicos de ámbito nacional, sin perjuicio de las facultades de la Generalidad de Cataluña de acuerdo con el presente traspaso". Los recurrentes interpretan que el Estado se reserva la regulación en los aspectos "sustanciales" como "fenómeno de ámbito nacional" que es. La prohibición, por tanto, excede para el PP la capacidad legislativa catalana.

   RAZONES CULTURALES Y ECONÓMICAS  

   Junto a este argumento de incompetencia de Cataluña, el PP expone otros relativos a la vertiente cultural de la fiesta, vertiente que para los populares no admite duda y así se recoge en la Ley de Patrimonio o en la regulación de la Medalla de las Bellas Artes. "Existe una aceptación jurídica, y pacífica, del carácter cultural, histórico y tradicional de la fiesta de los toros como parte esencial del patrimonio histórico, artístico, cultural y etnográfico de España", se expone en el recurso.  

  Para el PP, la prohibición de las corridas "vulnera hasta cinco artículos de la Constitución". El 20, que recoge la libertad de creación artística; el 27, sobre el derecho de educación; el 44 y el 46, en los que se insta a los poderes públicos a promover el acceso a la cultura y el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico; y el 149, que sienta que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las condiciones que regulan la igualdad de todos los españoles.

   Otro argumento del PP es que esta prohibición impide el desarrollo en Cataluña de una actividad empresarial, por lo que entiende que se vulneran otros cuatro artículos de la Constitución: el 38, que reconoce la libertad de empresa; el 40, que obliga a los poderes públicos a impulsar el progreso social y económico; el 128, que establece que la riqueza del país está subordinada al interés general; y de nuevo el 149.  

  CAMPAÑA CATALANA Y EL CASO CANARIO  

   A pesar del interés del PP por este recurso, García-Escudero ha explicado que la campaña de su partido en Cataluña se centrará en lo que "preocupa" a todos los ciudadanos, la crisis económica y el paro. "Queremos hacer campaña de calle, hacer llegar el mensaje a todo el mundo de que la crisis económica tiene solución, pero que hay que aplicar otras recetas", ha subrayado.

   Preguntado por la inexistencia de corridas de toros en Canarias, comunidad a la que se está mencionando como antecedente, García-Escudero ha explicado que si en las islas no se dan estos festejos no es porque estén prohibidas por ley sino porque "no hay tradición taurina".

   El portavoz ha pedido que se lea la norma de 1991 de protección de los animales domésticos y de compañía, porque en ella no se mencionan los toros. "Están además las declaraciones de Lorenzo Olarte, presidente de la Comunidad canaria en 1991, en las que reconoce textualmente que esa ley no afecta para nada a las corridas de toros".