La Comisión Europea presentará el próximo miércoles seis de junio sus propuestas sobre cómo liquidar las entidades sistémicas con problemas, de forma que sean los accionistas y acreedores, y no los contribuyentes, los que paguen en el futuro en caso de quiebra de un banco.  

  Bruselas quiere que se cree una red europea con fondos de resolución de cada Estado miembro -que en el caso de España equivaldrían a los fondos de garantías de depósitos-. Estos fondos estarían prefinanciados con contribuciones de las propias entidades y se usarían en última instancia.   

El marco de gestión de crisis es uno de los tres pilares que el Ejecutivo comunitario y el Banco Central Europeo (BCE) han propuesto para crear una "unión bancaria", cuyo objetivo es frenar la crisis de deuda y los problemas bancarios, especialmente en España.  

  Las otras dos ideas, que se discutirán en la cumbre de líderes europeos del 28 y 29 de junio, son un sistema europeo de garantía de depósitos y una mayor coordinación de la supervisión.   

 El BCE ya ha alertado no obstante de que no es suficiente poner en marcha una red europea de mecanismos de resolución, sino que habría que fusionarlos y crear un fondo de liquidación único para las entidades sistémicas. Así se lograría desconectar a los bancos de la deuda pública y se permitiría un reparto más fácil de la factura entre los Estados miembros en caso de quiebra.   

Se trata de evitar en el futuro la existencia de "bancos demasiado grandes para quebrar" y que por tanto se sienten libres de incurrir en riesgos excesivos por considerar que siempre serán rescatados.  

  El nuevo marco de gestión de crisis bancarias de la UE incluirá un arsenal completo de medidas que se irán desplegando en la medida que lo exija la gravedad de la situación. Con carácter preventivo, el Ejecutivo comunitario quiere que los bancos, especialmente las entidades transfronterizas, elaboren testamentos vitales en los que se detalle cómo realizar una liquidación rápida y ordenada de la institución en caso de problemas.

   Desde el momento en que se detecten las primeras dificultades, los supervisores nacionales podrán prohibir al banco el pago de dividendos, obligarle a deshacerse de las actividades que estén generando más riesgo e incluso destituir a los directivos y asumir el control.  

  Cuando la quiebra sea inevitable, la Comisión quiere que las autoridades dispongan de poderes para forzar su venta a una entidad sana, o transferir todos o parte de sus activos a un banco puente que permita garantizar la continuidad de los servicios esenciales y gestionar la liquidación de manera ordenada.  

  En este caso extremo, Bruselas propondrá que los acreedores asuman parte de los costes mediante la aplicación de un descuento a la deuda que poseen. Para cubrir los costes que no puedan ser asumidos por accionistas y acreedores, se recurriría al fondo de liquidación.   

Finalmente, para aumentar la coordinación entre los Estados miembros en caso de quiebra de un banco transfronterizo, Bruselas propone crear grupos que reúnan a las autoridades nacionales con poderes de liquidación apoyándose en los colegios de supervisores que ya existen.