Las declaraciones ante la jueza de los nueve detenidos el pasado jueves dentro de la Operación Manga se han saldado con el ingreso de tres de ellos en prisión y con la renuncia del edil compostelano Albino Vázquez Aldrey, que quedó libre bajo fianza de 15.000 euros, que se formalizará este lunes.

    La operación, que deriva de la Pokémon, desembocó en una serie de registros y en un total de nueve detenciones el pasado jueves, cuatro de ellas en Cataluña, una en Asturias y otras cuatro en Galicia. Los detenidos comenzaron a pasar a disposición judicial el pasado viernes y terminaron a las 8.00 horas de este domingo.  

  El límite de plazo fijado para las detenciones ha obligado a la jueza instructora, la titular del Juzgado de Instrucción Número Uno de Lugo, Pilar de Lara, a permanecer toda la madrugada del sábado al domingo tomando declaración para evitar recursos contra sus disposiciones.   

 Esta jueza se vio afectada por la aplicación de la "doctrina Gao Ping" y uno de los detenidos en la Pokémon, Francisco Fernández Liñares, salió en libertad tres meses después de decretarse su ingreso en prisión al argumentar su defensa que había estado detenido más horas de las establecidas sin pasar a disposición judicial y sin que se le tomase declaración.

   Las investigaciones de la Operación Pokémon, centrada en una supuesta trama de pagos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos, ha entrado ahora en una segunda fase, en la bautizada como Operación Manga, que ha ampliado las empresas investigadas y se centra ahora en Aquagest y la catalana GRS Arc Local.

    Tras las declaraciones ante la jueza, ésta ha decretado el ingreso en prisión de tres de los detenidos: el que fue asesor del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, Ángel Espadas; el delegado de Aquagest en Santiago, José Luis M.R.; y el administrador de GRS, Álex R.V.

    Además, el concejal de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Grúa y ORA en Santiago, Albino Vázquez Aldrey, fue dejado en libertad bajo fianza de 15.000 euros, imputado por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. Esta situación le llevó a anunciar este sábado su renuncia a sus cargos públicos en el Ayuntamiento y en la Diputación de A Coruña, así como a darse de baja como militante del PPdeG.

SITUACIÓN DE LOS DETENIDOS   

 A lo largo del viernes, cuando pasaron a disposición judicial los detenidos en Galicia y Asturias, quedaron el libertad, además de Vázquez Aldrey, el asesor cultural y organizador de eventos Jesús F.M. -a quien se le imputa, entre otros delitos, tráfico de influencias- y el presidente del PP en San Martín del Rey Aurelio (Asturias) y propietario de una empresa de consultoría e ingeniería, Joaquín Fernández Díaz, también con vinculaciones laborales con Aquagest.  

  No obstante, permanece imputado por tráfico de influencias y tendrá que presentarse cada 15 días en el Juzgado de guardia de Avilés. El PP ya ha decidido suspenderlo de inmediato de todas sus funciones en el partido.

    Por su parte, se decretó prisión provisional para Espadas -trasladado a la cárcel de Teixeiro- y para el delegado de Aquagest en Santiago de Compostela, José Luis M.R., quien se negó a declarar en sede judicial por consejo de sus abogados y está imputado por tráfico de influencias, revelación de secretos y cohecho, entre otros delitos. Ha sido conducido a la prisión lucense de Bonxe.

   Su abogado defensor ya ha anunciado que el lunes interpondrá un recurso contra el auto de prisión provisional dictado contra José Luis M.R., al considerar "excesiva" la medida cautelar adoptada por la jueza.   

 En la jornada del sábado y madrugada del domingo pasaron a declarar los detenidos en Cataluña. El primero en comparecer ante la jueza fue el jefe del departamento de Organización de Servicios a la Ciudadanía del Consell Comarcal de la Selva, Juan Carlos F.M., imputado por cohecho y tráfico de influencias, entre otros delitos, que quedó en libertad bajo fianza de 5.000 euros.

   A continuación respondió el apoderado de la empresa GRS Arc Local, José María F.I.G., que quedó en libertad sin fianza pero con cargos. Está imputado por tráfico de influencias.

   Le siguió el administrador de la empresa GRS Arc Local, Álex R.V., para quien la jueza ordenó prisión provisional comunicada y sin fianza; y el último en pasar a disposición judicial fue el alcalde de Sant Hilari Sacalm (Girona), Robert Fauria (CiU), que quedó libre bajo fianza de 18.000 euros.

DOCUMENTACIÓN  

  Además de las detenciones, se han practicado varios registros en la sede de Aquagest en Santiago, en el domicilio de Albino Vázquez en Aríns o en el de Conde Roa. También se ha requerido información sobre expedientes y contratos en los Ayuntamientos de Santiago, Valdoviño u Ortigueira y en Cangas de Narcea.

    En Cataluña, fue registrado el despacho del alcalde de Sant Hilari Sacalm y agentes de Aduanas inspeccionaron el Consell Comarcal de La Selva en Santa Coloma de Farners (Girona), que preside Fauria, y dependencias del Patronato y de "Xaloc" de la Diputación de Girona -dedicadas a la gestión de las cuentas de los pequeños ayuntamientos de la provincia-.

    También ha habido registros en las dependencias de GSR y en los domicilios de los dos empresarios detenidos en Lloret de Mar (Girona) y en Barcelona, así como en el Patronato de Turismo Girona-Costa Brava.

   MÁS DE 30 IMPUTADOS  

  Entre los más de 30 imputados en la Operación Pokémon figuran hasta el momento cinco alcaldes, el último de ellos el de O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes (PP). Previamente, la detención en esta operación provocó la dimisión de Francisco Rodríguez (PSOE) como regidor de Ourense y de Adolfo Gacio (PP) como regidor de Boqueixón (A Coruña).

    En la Operación Pokémon también fueron imputados el alcalde de Lugo, Xose Clemente López Orozco -quien también es presidente del PSdeG-, así como el ya mencionado regidor de Santiago, pero ambos han rechazado dimitir por esta causa.   

Aparte de personal relacionado con la empresa Vendex y funcionarios, figuran entre los imputados otros políticos como Fernando Varela, quien presentó su dimisión como concejal del BNG en Ourense, o la edil de Educación de Santiago, Rebeca Domínguez (PP).

    Además, uno de los principales imputados en esta causa es el expresidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, el socialista Francisco Fernández Liñares, quien llevó diversas concejalías en el Ayuntamiento de Lugo.