El auto, que tienen fecha de 30 de septiembre, responde a la denuncia formulada por el PP después de que la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, mostrase desde la tribuna de la Cámara algunos documentos -que posteriormente hizo públicos el PSOE- que acreditan que el extesorero Luis Bárcenas estuvo trabajando en el partido hasta el 31 de enero de 2013 y pagando su cuota de militante en 2008, 2009 y 2011.  

      En su resolución, la juez da traslado al fiscal para que informe "sobre todas las medidas solicitadas con carácter cautelar y el trámite a seguir" ya que, pese a apreciar indicios de delito, aún no están determinados "la naturaleza y circunstancias" de los hechos denunciados por el PP ni "las personas que en ellos han intervenido".

CABE RECURSO   

 En su auto, contra el que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días, la juez Gartaizabal declara la personación del Partido Popular en esta causa.  

  Los documentos que según el PP vulneran la intimidad de sus militantes fueron aportados  la portavoz socialista para demostrar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, faltó a la verdad en el Congreso son las bases de cotizaciones a la Seguridad Social remitidas por el Ministerio de Empleo al juzgado, un listado de la Agencia Tributaria sobre las cuotas de militancia e incluso una nómina de mayo de 2012 publicada en el diario "El Mundo".

   Según el PP, en ese listado difundido por el PSOE aparecen datos que vulneran la intimidad como retribuciones, pagos de cuotas y DNI de militantes, no sólo de Luis Bárcenas sino también otros trabajadores y militantes cuyos apellidos también empiezan por las letras A y B.

    Así, en el documento anexo relativo a retribuciones de entre 2008 y 2013 figuran nombres como el del ministro Miguel Arias Cañete, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón; el secretario del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro; o los diputados Ignacio Astarloa y José María Beneyto. Aparte de los sueldos, aparecen los DNI de cada uno de ellos.

    El PP argumenta en su denuncia que los datos se han entregado a los periodistas que cubrieron la sesión parlamentaria y se remitieron "masivamente" por correo electrónico desde la dirección de correo de la oficina de prensa del PSOE, publicándose además mediante descargable en la página web del partido.

    Los "populares" entienden que los hechos denunciados son susceptibles de constituir delitos contra la intimidad y descubrimiento y revelación de secretos.

Además de denunciar los hechso ante el juez, el PP también lo hizo ante la Fiscalía y solicitó a la Agencia de Protección de Datos la incoación, con carácter inmediato, la apertura de un procedimiento sancionador contra el PSOE y contra aquellos que los hayan publicado y divulgado.