El acuerdo se ha fraguado en torno a la moción consecuencia de la interpelación que la diputada de UPyD, Rosa Díez, dirigió el pasado 1 de diciembre al vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. PSOE y PP enmendaron el texto original y finalmente los dos partidos mayoritarios aceptaron incorporar a su enmienda conjunta otras aportaciones de Díez.  

  Así, una vez que se apruebe, el Congreso instará al Gobierno a tener siempre presente la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de junio de 2009, donde se especifica que "los estatutos y programa de un partido político no pueden ser tomados como único criterio para determinar sus objetivos e intenciones", sino que "es preciso comparar el contenido de dicho programa con los actos y tomas de posición de los miembros y dirigentes del partido en cuestión".  

Con la vista puesta en las elecciones municipales de 2011, la Cámara Baja también pedirá al Ejecutivo que continúe aplicando la legislación y la doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "para evitar que formaciones políticas ilegales o quienes justifican o apoyan la violencia terrorista puedan utilizar cualquier tipo de vía para, fraudulentamente, concurrir a futuros procesos electorales y obtener representación institucional".

LAS REFORMAS LEGALES, LISTAS   

"A tal efecto, --reza el texto pactado por PSOE, PP y UpyD-- el Gobierno tendrá dispuestos los medios necesarios para aplicar de forma inmediata las reformas legales que están en tramitación en el Parlamento y que tienen la finalidad mencionada".

   Precisamente este miércoles, la Comisión Constitucional del Congreso dará luz verde a la proposición de ley acordada entre PSOE y PP con la que se reforma la Ley Orgánica de la Reforma Electoral General (LOREG) para endurecer el acceso a las instituciones de Batasuna y sus sucesores.

   Los tres partidos también solicitan al Gobierno que vele para que "no entren en las instituciones democráticas partidos políticos o formaciones que sustenten un proyecto político incompatible con el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales".      

  En la misma línea, le demandan que "vigile", a través de todos los instrumentos del Estado de Derecho, la aplicación estricta de la jurisprudencia "especialmente en cuanto a los requisitos exigidos a los partidos políticos, coaliciones y federaciones de partidos y agrupaciones de electores, para concurrir a las elecciones". Es en este contexto, en el que se recoge la exigencia de que se tenga "siempre presente" la citada sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de junio de 2009.

POLÍTICA ANTITERRORISTA INTEGRAL  

  Además, el texto emplaza al Ejecutivo a seguir "combatiendo" a "todas las organizaciones que forman parte del conglomerado" de ETA a través de una política antiterrorista integral desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías autonómicas, los tribunales y la Fiscalía.

   Los tres partidos, abogan, asimismo, por continuar "desmantelando las estructuras de reclutamiento de ETA, impidiendo los espacios de impunidad de los terroristas y de sus cómplices así como de los intentos de la banda de proseguir con su acción y organización en los centros penitenciarios".

   Tras subrayar que debe incrementarse la colaboración con el Gobierno Vasco y con la Ertzaintza "para impedir todo tipo de actos de apoyo al terrorismo o de manifestaciones de legitimación del mismo", se invita al Gobierno a persistir en la estrategia de cooperación internacional en la lucha contra ETA "para evitar cualquier tipo de impunidad en países extranjeros o en organizaciones y ámbitos internacionales".

   La moción incluye también un llamamiento al Gobierno destinado a reforzar el compromiso con las víctimas del terrorismo "para salvaguardar la memoria y la verdad, defender la dignidad y hacer justicia a todas las personas que han sufrido el terrorismo de ETA" y a seguir haciendo "todos los esfuerzos necesarios para afianzar la unidad de las fuerzas políticas democráticas en torno a una política antiterrorista encaminada a la derrota definitiva e incondicional de ETA".