Los dos partidos mayoritarios se han posicionado contra la calificación de la iniciativa amparándose en el criterio fijado por los servicios jurídicos del Congreso que sostienen que la propuesta del PNV invade lo previsto en la Carta Magna y no puede tocarse con una ley, aunque sea orgánica, sino que, en todo caso, debería hacerse mediante una reforma constitucional.

AUSENCIA DE VOX

Según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, como es habitual siempre que se discute sobre la calificación de iniciativas relativas a la Corona sólo los representantes de Unidas Podemos se han mostrado a favor de la calificación. En esta ocasión, Vox, que suele compartir en estos casos el criterio del PSOE y el PP, no ha estado presente en la reunión de la Mesa del Congreso.

La iniciativa del PNV, presentada por su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, consiste en añadir un segundo punto al artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para habilitar al Supremo a examinar las acciones del Rey que no tengan refrendo de las Cortes y las que no tengan relación con la gestión de la Jefatura del Estado. Es decir, se mantendría la inviolabilidad para sus funciones propias de monarca constitucional y para la organización de la Casa de Rey, pero ya quedarían fuera de protección actos privados como sus negocios particulares.

El objetivo de la proposición de ley es acabar con la interpretación omnicomprensiva que ha venido frenando investigaciones judiciales y parlamentarias sobre actividades privadas de Juan Carlos I. Según Aitor Esteban, habría sido mejor que una Ley de la Corona desarrollase la previsión constitucional de la inviolabilidad para excluir los actos privados, pero como esa norma nunca ha llegado a plasmarse y no está en agenda, el PNV optó por la vía de reformar la Ley del Poder Judicial.

UN ELEMENTO ESENCIAL DE LA CORONA

Pero la propuesta del PNV ha chocado con los servicios jurídicos del Congreso, como ya ocurrió con una ley específica de Compromís y Más País sobre la inviolabilidad de la Corona. Aunque la opinión de los letrados no es vinculante, socialistas y 'populares' la han dado por buena para frenar la proposición de ley.

En su informe, recogido por Europa Press, los letrados esgrimen que "no procede su admisión a trámite" porque supone "un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la Jefatura de Estado" que figura en la Constitución.

A su juicio, se trata de los "elementos esenciales de la Corona" que se recogen en el Título II de la Constitución y no se pueden regular a través de una proposición de ley. Es decir, que si se quiere cambiar, sólo puede hacerse vía reforma constitucional.