Allá por la década de los ochenta, en un conocido restaurante madrileño, don Emilio Romero, que se encontraba compartiendo una cena con varios señores, atendió una improvisada llamada telefónica. Al regresar a la mesa, solicitó la atención de los comensales, levantó su copa y pidió un brindis por los dos únicos medios periodísticos y/o periodistas que no estaban “tocados” por el famoso asunto del fondo de reptiles, y citó al diario “El Alcázar”, como grupo, y a él mismo, como periodista individual. El suceso dio mucho que hablar por aquellos días, pero era algo que se sabía y/o, en el peor de los casos, se sospechaba. Saltó la noticia por el famoso “y tú más, …”, como suele ocurrir siempre.

El asunto de la corrupción entre los políticos españoles es lo que los twiteros llaman, actualmente, un auténtico “trending topic”, o sea, está en boca de todos. No creo que a estas alturas el personal todavía tenga capacidad para la sorpresa, se daba por hecho. Pero siempre uno alberga la esperanza de ver libres del fango a algunos personajes.

Pedro negó a Cristo y Rajoy ha negado al diablo. Don Mariano Rajoy ha negado, por tres veces, haber admitido o repartido dinero negro; ha desmentido las acusaciones de los papeles del “caso Bárcenas” y su palabra es tan creíble como la portada del País del pasado jueves, o las informaciones que ayer domingo incluía el periódico de Prisa. Y ha ido más lejos, porque ha prometido hacer públicas sus declaraciones de la Renta y su patrimonio personal, ejemplo que podrían seguir sus “barones” y presidentes autonómicos. No obstante, su comparecencia, el sábado, ante los medios ha sido considerada con desigual criterio.

Al margen de las auditorías internas, sería necesario que la Justicia (si es que quedan jueces no amansados por la política), investigara a fondo este asunto para tranquilidad de los españoles.

Más allá de estrategias, más allá de posturas partidistas, los españoles tenemos que saber, necesitamos saber, el auténtico alcance de las acusaciones. Porque, ante el hipotético desastre gubernamental motivado por la crisis económica y agravada por el “caso Bárcenas”, en lo que algunos califican de maniobra diabólica del ex tesorero, y ante una hipotética futura comparecencia de los españoles ante las urnas, en fechas más cercanas que las que marca el fin de esta X Legislatura, los españoles necesitamos saber si existe algún político no manchado por la duda. Pero voy más allá, no sólo se trata de demostrar si, efectivamente, había más de una contabilidad y, en este caso, ocultas para la Hacienda Pública, sino que también debería encausarse a quien, si es el caso, difama, mancha y contamina la honorabilidad y la honradez de las personas, aunque se dediquen a la política. El juego partitocrático, que es inherente a la evolución de la disputa partidista por ocupar el poder, no puede contaminar a la sociedad, ni cercarla, ni domeñarla, porque hay vida más allá de los partidos, especialmente en una sociedad que, por el capricho de los partidos, de sus dirigentes, de sus santones, queda excluida de la toma de decisiones, mientras las legiones de los alborotadores ocupan el espacio de la calle, bajo la apariencia de una improvisada manifestación de descontentos. Es una labor de erosión hacia las personas y las instituciones causando un daño que va más allá del interferido al gobierno y a sus responsables, causando el descrédito del sistema.

Para preservar al sistema, para asegurar este poco convincente régimen que nos guía, es preciso que la Justicia aclare, lo antes posible, todo lo relacionado con este caso y que paguen los responsables de las malversaciones de fondos o de la difamación, si fuera el caso.

Honorio Feito