Para el 9 de noviembre, una vez que está suspendido el referéndum originalmente previsto.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha acusado a la Generalitat de "descargar" en los ciudadanos de Cataluña, como alcaldes o funcionarios, la responsabilidad sobre la organización de este nuevo procedimiento, "todavía más antidemocrático" que el primero.

"A los ciudadanos no se les puede imponer obligaciones a mayores que les generen dudas, miedos, intranquilidad, inseguridades porque el presidente de la Generalitat decide que no asume la responsabilidad de la ilegalidad del proceso", ha afirmado, para añadir que lo que va a hacer el Gobierno del PP es "velar" porque se cumpla la ley y los derechos de los ciudadanos de Cataluña.

UN PROCESO SIN "NINGÚN TIPO DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS"

La vicepresidenta ha explicado que, aunque Artur Mas "decidió renunciar" a al referéndum, "inició un proceso distinto de participación política". "Desde entonces, el presidente de la Generalitat y distintos miembros de su Gobierno han ido dando pasos hacia un proceso que, desde luego, no tiene ningún tipo de garantías democráticas", ha enfatizado.

En este sentido, ha subrayado que se trata de un proceso "sin censo previo" y quien lo organiza, que está de acuerdo "con una determinada posición en la consulta", es quien "monta todo el procedimiento, reúne las mesas y las preside, controla cómo se efectúa la votación, el recuento de votos y proclama el resultado".

Según la vicepresidenta, "todo parece apuntar" que la Generalitat pretende sustituir un procedimiento "ilegal" por otro "todavía más antidemocrático", en el que se está "transfiriendo" a los ciudadanos de Cataluña "una responsabilidad" que el Gobierno catalán no quiere asumir. "Eso es lo que está haciendo. Descargar la responsabildidad de un proceso en ciudadanos particulares, llámese directores de instituto, alcaldes u otro tipo de funcionarios", ha reiterado.

En este punto, y dado que el Gobierno quiere "dar tranquilidad y seguridad" a esas personas, Sáenz de Santamaría ha anunciado que el presidente del Gobierno ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Estado sobre todos esos pasos que se están dando con el fin de "posibilitar su ulterior recurso" ante el Tribunal Constitucional.

Según ha añadido, el Ejecutivo está dispuesto a impugnar esas actuaciones porque deben "preservar la legalidad y las garantías democráticas", pero también por una "cuestión política", ya que, a su entender, no se puede trasladar la responsabilidad a los ciudadanos.

La portavoz del Ejecutivo se ha mostrado especialmente indignada con la movilización de voluntarios. "Imagínese que un partido que está en el Gobierno hace unas elecciones sin convocarlas y sin censo pone las mesas, las urnas y decide que en esas mesas van a estar los voluntarios afines a ese partido politico. ¿Como calificaría ese proceso electoral?", se ha preguntado.